La reforma del Código Penal de 2012 introdujo un nuevo artículo, el 307, para penalizar el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social. La creación de compañías sin ninguna actividad y destinadas exclusivamente a simular contratos laborales a cambio de dinero para que luego los supuestos empleados puedan conseguir un subsidio es desde entonces un delito, con responsabilidad compartida con los asesores que colaboren en diseñar el entramado para hacerlo. Fue una de las muchas consecuencias de la crisis. Fraude más sofisticado. La Inspección de Trabajo achacó la proliferación de las llamadas empresas ficticias al parón económico, la merma de oportunidades laborales y la precariedad, sobre todo en el drama de los parados de larga duración que agotaron el derecho a recibir una ayuda antes de lograr ocuparse. Esta fue una de las prioridades dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude de la Seguridad Social activado por el Gobierno en 2012 y prorrogado de momento hasta ahora. Y surtió efecto. Las irregularidades en las prestaciones por desempleo en Galicia cayeron el pasado 2017 a mínimos de los últimos once años.

En las más de 3.300 investigaciones realizadas se detectaron 434 infracciones, según la memoria anual de la Inspección de Trabajo, lo que supone un descenso del 32,5% en comparación con el ejercicio anterior, cuando ascendieron a 643, y del 38% respecto al máximo registrado en 2015 (705). Los inspectores hallaron irregularidades en el 13% de las actuaciones. El control bajó sustancialmente. En 2016 las revisiones rozaron las 3.800, aunque también el fraude fue mayor, en el 17% de los casos.

Los datos por comunidades no diferencian estafas en el cobro directo o por una empresa ficticia. En el conjunto estatal, las infracciones entre receptores bajaron un 16,7% (5.064) y las de sociedades falsas un 17,3% (3.553). La caída responde "al aumento del empleo con la consiguiente disminución de perceptores de este tipo de prestaciones", y la merma de empresas ficticias "tras el incesante y continuo trabajo" de los inspectores.

Desde 2007 no había en Galicia tan pocos beneficiarios de prestaciones por desempleo: 92.650, de las que el 45,5% era de nivel asistencias, el 42% contributivas, un 11,1% de la Renta activa de inserción y el 1,5% por el Programa de activación para el empleo. El gasto rondó los 900 millones a los 972,1 de 2016. El rastreo del fraude desembocó en la anulación de 238 pagos en Galicia y de 5.064 en todo el país. Actualmente la cuantía media de las contributivas en Galicia alcanza los 785,5 euros.

Las del paro son el tipo de prestaciones que más irregularidades concentran en la comunidad: el 70% del global de bajas ordenadas por los inspectores. En bajas laborales se encontraron 103 infracciones en Galicia en 2017 y 78 anulaciones de prestaciones. De invalidez se retiraron 8 y de jubilación otras 16. Los infractores devolvieron el año pasado 3,7 millones de euros.

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