El nuevo periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa para cerrar las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) arrancó ayer la negociación con la primera reunión en la que participa el comité coruñés, tras la ampliación de plazos pactada la semana pasada. En el encuentro, celebrado en Madrid, la plantilla volvió a criticar la ausencia de prenegociación -censurada por la Dirección General de Trabajo en un escrito- y la decisión de negociar el despido colectivo para las dos plantas de formar conjunta a pesar de ser filiales distintas. También de manipular las cuentas para forzar el cierre. Con estos argumentos, el comité solicitó a la multinacional la retirada del ERE por fraude de ley, según explicó el presidente de la plantilla aluminera coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, al término de una reunión que se alargó durante toda la tarde. La empresa, por su parte, sigue firme su postura de tramitar del expediente de extinción previsto para los 686 trabajadores (369 de A Coruña y 317 de Avilés) mientras asegura estar abierta, en paralelo, a estudiar alternativas a la clausura de las fábricas.
Según fuentes sindicales, la empresa pretendió entrar rápidamente en materia para explicar la documentación con la que quiere justificar el ERE. Los representantes de los trabajadores interrumpieron esta exposición para exigir la retirada del expediente y que se estableciera un período amplio de negociación sin presiones, tal y como la Dirección General de Trabajo recomendó a ambas partes en su oficio.
La multinacional, por su parte, se negó a retirar el expediente y se reafirmó en que ya amplió los plazos, al acordar un nuevo periodo de 30 días de consultas que arrancó el pasado 27 de noviembre y que el máximo previsto es el 15 de enero.
A continuación, según indicaron las mismas fuentes, los representantes sindicales hicieron constar que en la documentación aportada no hay justificación de que se trate de un grupo laboral de empresas, dado que no concurren las circunstancias necesarias para ello y, por tanto, el expediente se presenta en fraude de ley y se exige que esto se recoja en acta.
La empresa expuso la memoria justificativa, argumentando pérdidas de 17 millones de euros en 2017 y que este año se cerrará con unos números rojos de en torno a 90 millones entre las dos plantas. Corbacho vincula estos malos resultados a una situación "puntual" de encarecimiento de la alúmina (material prima para la fabricación de aluminio primario) por un problema en una fábrica de Brasil y defiende que estos números "no justifican" el cierre de las factorías coruñesa y asturiana. "El expediente no se sostiene por causas productivas ni técnicas", critica el representante de los alumineros de A Grela, quien sostiene que sería "una locura" cerrar estas dos plantas sin buscar una alternativa, toda vez que el Gobierno está implicado en la búsqueda de una "solución para el problema de la energía" que ofrezca estabilidad y precios más competitivos a las industrias electrointensivas.
Marco energético
En este aspecto, el del precio de la luz, incidió ayer el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro: "El Gobierno tiene que dar pasos firmes en la creación de un marco energético estable que facilite la conservación de los puestos de trabajo y de la planta de Alcoa en A Coruña", reivindicó. En la misma línea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió que es "fundamental apostar por un marco energético estable para las empresas electrointensivas para evitar poner en peligro más puestos de trabajo".
Los grupos de la Cámara acordaron ayer "continuar en la defensa" de los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Galicia para garantizar la continuidad del empleo en la planta de Alcoa de A Coruña, así como con el respaldo a las demandas trasladadas por el Comité de Empresa a la Xunta y al Gobierno central.
Por su parte, los grupos parlamentarios de BNG y En Marea insistieron en la necesidad de aplicación del artículo 128.2 de la Constitución y que el Gobierno intervenga las fábricas que la multinacional Alcoa pretende cerrar para evitar la destrucción de los empleos, opción que el PP rechaza y ante la que el PSdeG se abstiene.
La implicación institucional en la crisis abierta por Alcoa al anunciar el cierre de dos de sus plantas en España (solo se salva de la de San Cibrao, en Cervo) continúa hoy con la constitución de la mesa tripartita, en la que por primera vez se prevé que la multinacional estadounidense se siente a buscar una solución junto con el Gobierno -y representantes de las administraciones- y de los sindicatos. La negociación del ERE entre empresa y trabajadores se retomará el próximo martes.
