El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 acordado entre el Gobierno y los agentes sociales contempla entre las 50 medidas que lo componen la creación de una red de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, que realizarán también tareas de prospección y captación de oferta, según el texto del plan. Los asesores laborales serán funcionarios interinos nombrados por un máximo de 18 meses, cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Una parte importante de estos funcionarios proporcionarán atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción.

Junto a estos 3.000 orientadores, se dará apoyo a la red SIJ-Injuve mediante la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan y de sus servicios. Los objetivos de este plan de choque, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy y que estará dotado con 2.000 millones de euros, pasan por establecer un marco laboral de empleo de calidad; dotar a los jóvenes de más competencias profesionales; proporcionarles una atención adecuada e individualizada; darles formación en igualdad de oportunidades, y combatir el efecto desánimo, y todo ello prestando atención a colectivos especialmente vulnerables como migrantes, parados de larga duración, personas que abandonaron la escuela y personas con discapacidad.

Gobierno, sindicatos y empresarios se han fijado reducir la tasa de paro juvenil en 2021 hasta el 23,5% (ahora es un 33%) disminuyendo en 168.000 el número de parados menores de 25 años, y elevar la tasa de actividad hasta el 73,5% en la franja de 20 a 29 años (58,7% en la actualidad), con 2,9 millones de contratos fijos.