El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, advirtió ayer de que las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a las empresas electrointensivas frente al precio de la energía son "a seis meses" y las plantas sobre las que pesa el anuncio de cierre "no tienen tanto tiempo". "No vemos una solución ahí, porque nosotros en seis meses estaremos cerrados", dijo López Corbacho en declaraciones a Europa Press, antes de reclamar al Ejecutivo una solución "inmediata" que garantice la continuidad de las factorías de A Coruña y Avilés.
López Corbacho y su homólogo de la fábrica asturiana presentaron ayer en Vegadeo la convocatoria de huelga conjunta del próximo día 19. Según explicó, ese día habrá marchas a pie.
Así, los trabajadores de A Coruña saldrán desde Ribadeo a las 10.00 horas para llegar a Vegadeo; mientras los de Avilés harán lo propio desde Castropol y ambas partes se encontrarán en el puente de Veiga para seguir juntos hasta la plaza del ayuntamiento, donde se concentrarán sobre las 12.00 horas.
El real decreto de medidas urgentes de apoyo a la industria aprobado por el Gobierno el pasado viernes incorpora dos compromisos dirigidos a abaratar la factura eléctrica de la industria: por un lado, la elaboración en el plazo de seis meses del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que favorecerá a las principales compañías fabriles de Galicia, y la regulación de las llamadas "redes de distribución cerradas", una fórmula técnicamente más difícil de encajar en la industria gallega y que tiene su origen en una petición catalana.
De hecho, las políticas anunciadas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, para aligerar los costes energéticos y contrarrestar el riesgo de deslocalizaciones y cierres como el de Alcoa también suscitó ayer reacciones en Asturias.
El Principado valoró como positiva la iniciativa del estatuto para los grandes consumidores industriales anunciada por el Gobierno socialista. "Elaborar un estatuto para las industria elecrointensiva es algo absolutamente necesario. Se entiende que ahí se incluirán todas las medidas que tengan que ver con estas industrias; es decir, las compensaciones por el CO2 (ayudas que ya existen), la disminución del coste de los peajes (los costes regulados de la factura que fija la Administración), y puede que incluso continúe un sistema de subasta (el servicio vigente de interrumpibilidad", comentó el presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández.
Sobre la autorización y regulación de las redes de distribución cerradas, Fernández reconoció que la inconcreción del real decreto genera "incertidumbre".
¿Qué son las redes de distribución cerradas y de dónde viene la iniciativa para regularlas en España? Se trata de una fórmula prevista en las directivas de la Unión Europea y que se ha utilizado en varios países (sobre todo en Holanda) para abaratar la factura energética en zonas reducidas donde hay una alta concentración de empresas con consumos altos.
Son sistemas de distribución para suministrar electricidad a esos grupos de empresas, que disponen de un gestor propio para la red y comparten los gastos, entre ellos los de las infraestructuras comunes que mantienen conectado esa especie de mallado particular con el resto de la red eléctrica.
Esta modalidad de distribución permite importantes ahorros en los costes regulados de la factura (peajes) que la industria química de Tarragona ha llegado a cifrar en un 20%. Ahí, en el gran polo químico tarraconense, nació la demanda de que en España se autoricen las citadas redes, petición que fue llevada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Congreso.
La alta concentración fabril ligada a la industria petroquímica en torno al puerto de Tarragona hace de éste un espacio idóneo para rentabilizar las ventajas de un sistema cerrado de distribución eléctrica, algo que también ocurre en Huelva.
Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre. "Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de seis meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella", ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz, que insta al Gobierno "a actuar ya desde la SEPI". "Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar", afirma.
