La Justicia española decidió buscar en Andorra patrimonio vinculado al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ante la "sospecha" de que "hubiese podido situar [fuera de España] bienes susceptibles de embargo". Y tuvo relativo éxito; no aparecieron cuentas a su nombre, pero sí tres a los de su esposa y sus dos hijos, nutridas con "grandes ingresos en efectivo" que suman a día de hoy unos 3,45 millones de euros. El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acaba de remitir a las partes el resultado de la primera comisión rogatoria con la que se ha indagado sobre las posesiones de los Sousa en el país pirenaico. La magistrada andorrana María Àngels Moreno aprecia un vínculo entre el patrimonio detectado -y embargado- a la familia del empresario y las "prácticas ilícitas" que se llevaron a cabo en Pescanova. "Ha resultado acreditado que Sousa, marido y padre de los investigados, realizó prácticas ilícitas [...] en las mismas fechas en que se hicieron elevados ingresos en efectivo de origen desconocido", consta en la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico. La investigación solicitada desde Madrid fue bautizada como operación Besugo.
De hecho la misma magistrada recuerda en su auto que el expresidente de la pesquera también cuenta con un importante capital bloqueado en Portugal. "Poco después de iniciarse la presente causa -la que investiga la quiebra de la multinacional- María Rosario Andrade [esposa de Sousa] abrió dos cuentas en Portugal", cuyo saldo trató de enviar sin éxito a un banco chino; eran cinco millones de dólares. Por esta frustrada gestión Andrade figura como imputada en la pieza principal del caso Pescanova por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación andorrana se instruye al margen y, a raíz de ella, ha resultado investigada toda la familia, incluido el hijo que permaneció al margen de la pesquera (Ignacio). Todos (el segundo de los hijos es Pablo) están acusados también de defraudar 1,73 millones al fisco, como avanzó este periódico, precisamente por no haber declarado su patrimonio en Andorra.
Las dudas
Lo que no ha conseguido aclarar de momento la instrucción son dos cosas: de dónde procedía el dinero que ingresaron a partir de septiembre de 2009 en la sucursal de Andbank en Canillo y por qué uno de los hijos de Sousa recibió una transferencia de una empresa vinculada a los papeles de Panamá. En sede judicial los investigados atribuyeron su patrimonio andorrano a la venta de caballos de competición y a premios de torneos ecuestres, hechos sobre los que no aportaron ninguna documentación; que por eso tenían grandes cantidades de efectivo en casa; que la matriarca temía un corralito en España y buscó cobijo en la banca extranjera. Para los instructores el origen del dinero sigue siendo "desconocido". Sí ha quedado acreditado documentalmente que Pablo Fernández Andrade, también exconsejero de Pescanova SA, recibió en febrero de 2012 una transferencia de 150.000 euros desde la sociedad Reflex Portfolio, gestionada por Mossack Fonseca (epicentro de los Panama Papers).
¿Por qué? Aparentemente para "nivelar sus saldos de forma igualitaria"; esto es, para que las cuentas de Rosario Andrade, Pablo e Ignacio Fernández tuviesen más o menos el mismo capital en todo momento. ¿Y por qué a través de una empresa de los papeles de Panamá? De la documentación remitida desde Andorra no se ha aclarado. "Excepto la transferencia indicada [la de 150.000 euros] no consta en nuestros registros internos ninguna relación directa o indirecta de esta sociedad [por Reflex Portfolio]" con ninguno de los Sousa. Esa transferencia fue "un traspaso interno ordenado" por la empresa panameña a una cuenta cifrada del que Pablo Fernández era el único titular. Los apoderados de Reflex (Vicente Ladislao Marín Caballero, con pasaporte venezolano y residente en Madrid, y María Regina Álvarez de Espejo Mariategui, de Navarra) no tenían ningún vínculo aparente con el más joven de los exconsejeros de Pescanova.
El auto de apertura de juicio oral del caso Pescanova fijó multas a afianzar a Pablo Fernández y Rosario Andrade de 504.000 y 216.000 euros, respectivamente, así como una responsabilidad civil para el primero, y de forma solidaria, de más de 200 millones de euros. Manuel Fernández de Sousa, principal encausado, ha arremetido contra el procedimiento que se sigue contra su hijo, ex director general de Área en la multinacional y exconsejero. "La larga instrucción no ha ofrecido asomo de responsabilidad criminal respecto de Pablo Fernández Andrade, persona encausada únicamente por ser hijo de mi mandante", rezaba un escrito del letrado de Sousa del pasado marzo. Entre el capital embargado en Andorra y el bloqueado en Portugal suma más de ocho millones de euros.
