La decisión de Alcoa de cerrar dos de sus tres plantas de aluminio en España, las de A Coruña y Avilés (Asturias), no impide a la multinacional acceder a las ayudas que el Gobierno reparte entre la gran industria en forma de incentivos eléctricos. La empresa participó ayer en la primera jornada de la subasta de interrumpibilidad, en la que pujó para lograr que tanto las dos plantas que tramitan un ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción como la única por la que apuesta para el futuro -la de San Cibrao, en Cervo (Lugo)- tengan subvenciones suficientes para que salgan los números durante el primer semestre de 2019, tiempo de vigencia de los incentivos con los que abaratan su recibo eléctrico (que supone el 40% de sus costes). Según confirmó ayer la empresa, Alcoa continuará compitiendo en la sesión de hoy para obtener recursos para los tres centros con bloques de 5 megavatios (MW) una vez agotados los de 40 MW, los mejor remunerados, ayer durante la primera jornada.

"Hay un proceso de consultas abierto con los representantes de los trabajadores. Mientras tanto, las fábricas siguen funcionando con normalidad y la empresa puja igual que lo ha hecho en convocatorias anteriores", explicó ayer una representante oficial de la aluminera. La empresa estadounidense lamenta la bajada de precio de los bloques grandes en las últimas convocatorias de la puja convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que reparte bonus eléctricos a la industria electrointensiva a cambio de su disponibilidad para desconectar sus fábricas del sistema cuando Red Eléctrica lo requiere para corregir desequilibrios de oferta y demanda por falta de generación o por cuestión de precio.

En esta convocatoria se subastan 2.600 megavatios repartidos en 352 bloques de 5 MW y 21 bloques de 40 MW. En esta ocasión salen a puja cuatro bloques menos de 40 MW que en la anterior convocatoria.

Entretanto, Alcoa y los comités de empresa de la planta de A Coruña (con 369 trabajadores) y de Avilés (317 operarios) están citados hoy en Madrid a una nueva reunión para negociar el expediente de regulación de empleo. Los trabajadores reclaman a la compañía que retire el ERE y ofrezca alternativas para la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo.