Los 369 trabajadores de la fábrica de aluminio de A Grela estarían ya despedidos de haberse cumplido al pie de la letra el ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción que la multinacional estadounidense anunció el 17 de octubre sin ningún diálogo previo con el comité. Mañana se cumplen dos meses del aviso de cierre para las plantas de A Coruña y de Avilés (con otros 317 empleos) y aunque la empresa persiste en tramitar el despido colectivo, ha abierto la puerta a valorar alternativas como la venta, ante la presión de las instituciones públicas y de una plantilla que se mantiene férrea en su lucha. A golpe de movilización, los trabajadores han logrado posponer los despidos -ampliar el periodo de consultas- y dan a batalla para evitar que la planta aluminera acabe en chatarra, como pretende Alcoa, en 2019.
"Es difícil de llevar pero ya nos hemos hecho duros. Esto aún tiene mucho recorrido", comenta el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho. Corbacho, como lo conocen todos, se ha convertido en la voz de la plantilla de A Grela. Ayer empezó el día en la fábrica a las siete de la mañana y admite que desde el arranque del conflicto le ha dedicado "todas las horas" a una batalla que, según asegura, viene lejos. De antes aún que el anterior anuncio de cierre, en 2014.
EEl trasfondo. A juicio del representante de los trabajadores, Alcoa está aprovechando elementos coyunturales -el alza de precio de la alúmina y de la energía, entre otros- para "cerrar dos plantas que hace mucho tiempo que quería cerrar". Durante las privatizaciones del Gobierno de Aznar, Alcoa se hizo en 1998 con nueve fábricas de aluminio en condiciones favorables. Desde entonces, ha cerrado ya seis y a día de hoy solo apuesta por San Cibrao (en Cervo, Lugo). "Llevamos con la incertidumbre de que nos cierren desde 2010, cuando Alcoa abrió la planta de Islandia con los incentivos que consiguió aquí. A partir de ahí se nos cerró la producción de alambrón", explica Corbacho, que recuerda que en 2007 y 2008 las plantas de A Coruña y Avilés marcaron récord de producción y de ingresos para el grupo aluminero estadounidense. "Somos competitivos", concluye, y achaca la decisión de cierre a "un plan diabólico planificado" por parte de Alcoa, para clausurar las fábricas que explotó durante años sin invertir en sus instalaciones, que ahora tacha de obsoletas. "Alcoa quiere cerrar las plantas en España y quedarse con el mercado", zanja Corbacho.
EEl conflicto. El paso de las semanas no ha hecho mella en la plantilla, que mantiene protesta en las calles mientras los comités viajan a Madrid los martes y los jueves para negociar un despido colectivo que Alcoa se niega a retirar por más que se lo hayan pedido. No están solos. "Desde hoy hasta que el conflicto se solucione todos somos trabajadores de Alcoa", aseguraba el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, al inicio de esta crisis industrial. Ayuntamientos, Diputación Xunta, Principado, Gobierno central... todas las instituciones han dado su apoyo a la plantilla y han llamado a la empresa a buscar alternativas. Alcoa apenas se ha movido de su posición inicial. La cerrazón absoluta de las primeras semanas -dio plantón al Gobierno en sus convocatorias- dio paso a un talante más abierto. La empresa declaró que valorará la venta si recibe alguna propuesta seria, algo que a su juicio no ha sucedido a pesar de que hay inversores interesados. El ERE de extinción, eso sí, sigue sobre la mesa. Tampoco el Gobierno ni la Justicia holandesa (donde tiene su sede Alcoa Europe) lo paralizaron como intentó la plantilla. Trabajadores y empresa pactaron alargar un mes el tiempo de negociación (hasta el día 27, ampliable al 15 de enero), toda vez que el comité coruñés accedió a constituir la mesa negociadora.
ESector estratégico para el país. Ante la negativa de Alcoa a revocar su decisión, los trabajadores centran su esfuerzo en interpelar al Gobierno para que intervenga las fábricas o las tutele en un proceso de venta. Argumentan que la producción de aluminio -monopolio de Alcoa en España- es estratégica y que si las factorías fueron del Estado hasta 1998 también ahora pueden volver a manos públicas. Se amparan en el artículo 128.2 de la Constitución. El Gobierno ha respondido que la legislación europea se lo impide, a lo que plantilla alega que otros países lo han hecho.
EUn futuro inmediato crucial. El comité valora la acción del Gobierno para mejorar la situación de la industria a medio y largo plazo pero reclama una solución inmediata para no morir en la orilla. Los malos resultados de la subasta de interrumpibilidad (Alcoa obtuvo un 40% menos de primas eléctricas) agravan la crisis. Los trabajadores ven por delante unas Navidades de lucha y planean nuevas movilizaciones (la próxima, el miércoles en la frontera entre Galicia y Asturias) con la esperanza de que el nuevo año les libre de una espada de Damocles que lleva demasiado tiempo pendiendo sobre sus empleos.
