La CIG y el BNG trasladaron ayer al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, la propuesta para la creación de una tarifa industrial "estable y predecible" ante la situación que afrontan las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, con la amenaza de cierre y el despido de 700 trabajadores, y las dudas que planean también ahora en la factoría de Ferroatlántica en Sabón por el resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La eurodiputada nacionalista Ana Miranda se encargó de gestionar el encuentro, al que también acudieron representantes de los trabajadores de ambas plantas para abordar "toda la problemática" de la factoría de aluminio "y un plan alternativo". El objetivo es que la Unión Europea "ponga en marcha los mecanismos necesarios para darle solución" a esta crisis, "ante la incapacidad de la Xunta y del Gobierno español", según el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril. "El comisario europeo ha recibido positivamente nuestras propuestas", añadió, tras tachar de "escandaloso e inédito" que Arias Cañete les haya recibido antes que los ministerios españoles de Energía e Industria y de la Xunta. Ante "algunas cuestiones", Cañete "remitió a Competencia" y que en "otras entiende que debe ser el Gobierno español" el que resuelva y "quedó en dar respuesta a algunas cuestiones".