Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron, en este orden, las comunidades más competitivas durante 2017, según el Informe de Competitividad Regional (Icreg) editado por el Consejo General de Economistas, que afirma que las 17 comunidades han recuperado los valores previos a la crisis y alcanzado máximos históricos.
Por contra, en el nivel de competitividad medio-bajo se sitúan Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia. Ya en el último escalafón, con una clasificación baja, están cinco comunidades: Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía y Extremadura.
Galicia, concretamente, ocupa el décimo puesto de una clasificación que identifica "la fortaleza y debilidades" de las comunidades autónomas en base a siete grandes variables: entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructuras, eficiencia empresarial e innovación.
El informe también hace hincapié en que comunidades con menor nivel competitivo, caso de Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, han experimentado crecimientos más intensos que aquellas comunidades que parten de posiciones más favorables.
El coordinador del informe, Patricio Rosas, explicó ayer que se trata de un modelo "objetivo" que ordena a las comunidades por su competitividad, que en 2017 creció un 4,3 por ciento respecto al año anterior. No obstante, Rosas reconoció que este crecimiento fue menor que el que se produjo entre los años 2013-2016, que se corresponde con un período de especial recuperación económica.
Según explicó, entre las causas del menor crecimiento de la competitividad está el "desfavorable comportamiento" de los ejes referidos al entorno institucional, a la innovación y la eficiencia empresarial. Baleares es la única comunidad en la que desciende el valor del Icreg en 2017, "lo que lleva a situarla en un nivel de competitividad relativa bajo", señala el informe.
El estudio subraya los valores que estructuralmente "lastran" la competitividad de las comunidades como es, por un lado, la baja productividad (sólo País Vasco, Madrid y Navarra tienen niveles superiores al promedio de la UE) y la "dispar especialización de las economías" autonómicas.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, defendió que este índice se convierta en una "asignatura obligatoria" de la política económica española y ha planteado la elaboración de "agendas autonómicas para la competitividad".
