El único cabo al que se podían agarrar las centrales térmicas de carbón para sobrevivir se ha roto. Las instituciones europeas han acordado retirar en 2025 los pagos por capacidad a las centrales que emiten más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Sobre ese límite están las dos térmicas de carbón gallegas y sin esos pagos por estar disponibles cuando el sistema eléctrico lo requiere quedarán inhabilitadas para ejercer un papel de respaldo a las intermitentes energías renovables. El seguro de supervivencia ligado a las energías verdes quedará reservado para los ciclos combinados de gas, que emiten menos CO2.

Tras varias rondas de diálogo, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea acordaron las nuevas reglas para mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico de la UE que completan el paquete de Energía limpia para todos los europeos, también conocido como "paquete de invierno", y que tiene como principal objetivo combatir el cambio climático.

Entre las medidas de ese paquete se incluye un nuevo límite a la obtención, por parte de las centrales eléctricas, de subsidios. Se ha acordado que las subvenciones a la capacidad de generación de centrales que emiten 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido o más "se eliminarán gradualmente". En concreto las centrales de nueva construcción que comiencen a funcionar tras la entrada en vigor de la nueva normativa ya no podrán beneficiarse de los mecanismos de capacidad si superan ese límite de emisiones y las centrales eléctricas existentes que estén en esa misma situación sólo podrán recibir las ayudas hasta el 1 de julio de 2025.

Dentro de ese segundo grupo están las centrales térmicas de carbón de Galicia, ambas ubicadas en la provincia de A Coruña: la de Naturgy en Meirama (Cerceda) y la de Endesa en As Pontes. La nueva normativa europea les da la puntilla porque en el contexto de transición energética y de descarbonización de la economía su supervivencia dependía en buena parte de su papel como respaldo al desarrollo de las renovables. De momento la energía eólica, solar y en buena medida la hidráulica (salvo en las centrales de bombeo) dependen de unos recursos (rayos del sol, viento y abundante agua) que no siempre están disponibles y esa intermitencia se cubre con tecnologías de respaldo de respuesta rápida como pueden ser las centrales térmicas de carbón o los de ciclos combinados de gas. Los pagos por capacidad compensan a esas centrales por estar disponibles para el momento en el que el sistema eléctrico las necesita para cubrir la demanda y sin esas ayudas su viabilidad económica se ve mercada. Además, hay que tener en cuenta que la UE también acordó este año medidas para encarecer los derechos de emisión de CO2 con la reforma de sus mercado. El conjunto de las medidas relega a las centrales de carbón frente a las de gas, que en los últimos años habían registrado bajos niveles de producción en España

Además, el Gobierno de España no parace interesado en avanzar en el desarrollo de sistemas de captura de CO2 en centrales térmicas. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez anunció en Ponferrada la reactivación de la Ciudad de la Energía (Ciuden) pero dejando de lado la investigación sobre captura de CO2.

La central de carbón de Meirama es la que tiene un futuro próximo más incierto, ya que Naturgy no ha aclarado si realizará las inversiones necesarias para reducir las emisiones contaminantes y poder mantener la actividad más allá de junio de 2020. En esa fecha entrará en vigor la normativa europea en desnitrificación y desulfurización de las térmicas, para la que sí se ha preparado la otra térmica gallega. Endesa invierte 217 millones de euros en acondicionar la central de As Pontes para que pueda seguir produciendo electricidad a partir de la combustión de carbón dentro de año y medio.

La central de As Pontes cuenta con una plantilla de unos 200 trabajadores directos, pero el empleo directo dependiente de ella ronda los 700 profesionales entre el dispositivo de camiones (unos 150) para transportar el carbón y las distintas contratas vinculadas a la actividad de la central. La térmica genera además 80 millones de euros al año en salarios, impuestos y contratos con pequeñas empresas locales.

Por su parte, la central de Meirama, en el municipio de Cerceda, cuenta con alrededor de un centenar de profesionales en plantilla, a los que se suman otros tantos de empresas auxiliares que dependen directamente de la planta. A ellos habría que sumar aún los empleos indirectos. Todos ellos, amenazados por la transición energética hacia una producción de electricidad no contaminante que impulsa la Unión Europea.