El Gobierno fía, en buena parte, a la voluntad de las empresas eléctricas las medidas para paliar el cierre de las centrales térmicas porque afirma que son ellas quienes deben abordar "planes de transición justa" que permitan dar un futuro a zonas afectadas por las clausuras como Galicia.
La de Meirama (Cerceda) cerrará ya a mediados del 2020 y la de As Pontes, en el 2030, aunque la empresa, Endesa, está invirtiendo 217 millones precisamente para reducir emisiones con la intención de seguir explotándola hasta el 2045. Entre las dos afecta a 1.200 trabajadores. Pase lo que pase al final, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha conseguido inquietar al menos a los 1.200 trabajadores.
La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, no concretó ayer ninguna medida para garantizar que las eléctricas cumplan con ese papel. Fue durante el encuentro que mantuvo con los presidentes autonómicos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Aragón, Javier Lambán, y Asturias, Javier Fernández, y al que asistieron también los secretarios de Estado de Energía y Medio Ambiente, José Domínguez y Hugo Morán.
"No podemos engañarnos, la transición energética no la ha inventado la Administración del Estado, viene de normativas europeas y la tenemos que hacer porque es una exigencia ante el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de CO2", señaló José Domínguez, que añadió que "no es el Ministerio quien pone limitaciones o dice que se tienen que cerrar las térmicas. Va a haber centrales más allá del 2020, pero las que no hayan hecho las inversiones ambientales tendrán que cerrar". Por ello, considera que "más allá de si alargan su vida útil unos pocos años más o menos", lo que exigirá el Ministerio para la Transición Ecológica a las eléctricas que cierren térmicas de carbón será "planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas".
Los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León señalaron que la reunión fue "constructiva" y que vieron "receptividad y reconocimiento de la realidad" por parte del Ministerio. Los tres pidieron a Ribera, "tiempo", al menos hasta 2030, para alargar la vida de las centrales térmicas, y "facilidad y flexibilidad", para que las minas de carbón que quieran continuar abiertas a partir del 1 de enero de 2019 puedan mantener su actividad devolviendo las ayudas de manera flexible. Además fueron claros y contundentes al señalar que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética "no será justa".
