Galicia es la quinta comunidad de 17 en la que un menor porcentaje de sus municipios carecen de oficina bancaria y ocupa la séptima posición por el peso relativo de la población afectada sobre el conjunto del censo de la autonomía, según los datos al cierre de 2017 que acaba de difundir el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El número de españoles sin acceso a un banco en su lugar de residencia aumentó un 7,7% en el último ejercicio hasta 1.351.276 habitantes (el 2,9% de la población).

En Galicia, la denominada exclusión financiera afecta 13,7% de sus concellos frente al 52,2% en el conjunto del país. Solo Asturias (10,3%), Murcia (8,9), Canarias (4,5) y Baleares (3%) tienen un menor porcentaje de sus ayuntamientos sin redes bancarias. Salvo estas autonomías, así como Andalucía (23%), la desatención se sitúa en España en un rango que oscila entre el 31% de los municipios (caso de Cantabria) y el 80,5% en Castilla y León, la región con mayor superficie de la Unión Europea y la que tiene la peor cobertura bancaria del país: solo dispone de oficinas el 19,5% de sus ayuntamientos.

Por población afectada, Baleares (0,2%), Canarias (0,3%), Murcia (0,4%) y Asturias (0,6%) vuelven a ser las comunidades menos desatendidas frente al 2,9% de promedio en España. Galicia está ligeramente por debajo de ese promedio, con un 2,1% de sus habitantes sin acceso a una oficina bancaria en el propio municipio en el que residen. Hay 56.980 gallegos de 43 municipios que tienen que desplazarse a otro para poder realizar gestiones bancarias presenciales. Son un 0,6% más de afectados por la exclusión bancaria de los que había al inicio de la crisis. En la autonomía más afectada (Castilla y León), los residentes sin un banco de proximidad a los servicios bancarios presenciales suman el 16,4% del censo.

La nueva ronda de fusiones que podría desencadenarse tras el anuncio de conversaciones entre Liberbank y Unicaja probablemente conlleve más cierres de oficinas, aunque en el caso específico de estos dos bancos no parece que su unión tendría una alta incidencia, dado que se trata de bancos geográficamente muy complementarios, salvo alguna zona de coincidencia como el norte de Cáceres. No tendrá en cualquier caso un gran impacto en Galicia. La presencia de ambas entidades financieras en Madrid no se ve problemática.

Gran parte del ajuste de oficinas que se produjo en España durante la última década no tuvieron como única causa la concentración bancaria, sino también el aumento del uso de la banca a distancia entre los segmentos de población más familiarizados con el manejo de las nuevas tecnologías y la necesidad de recortar costes para compensar el hundimiento de los beneficios como consecuencia de la crisis y del estrechamiento de los márgenes por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, con tipos de interés en el 0%.

Desde el estallido de la crisis económica, en 2008, España redujo su red de oficinas en el 42%, con el cierre de 27.320 sucursales, casi la mitad de las 45.662 que existían en 2003. En algunas provincias los cierres afectaron a más del 50% de la red existente en sus territorios. Y aunque España regresó en 2015 al volumen de sucursales que tenía en los años 70, sigue siendo el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Chipre, con más agencias bancarias por cada 1.000 habitantes. En plena crisis había llegado a ser el país con más oficinas, por delante de Chipre.