Los terrenos que ocupa la fábrica de aluminio de A Coruña desde 1960 en el polígono de A Grela tendrán que ser descontaminados si cesa la actividad industrial como pretende Alcoa, dueña de la factoría desde hace dos décadas. Los trabajadores de la aluminera insisten en que la actividad es viable y confían en la venta o la intervención estatal para evitar el cierre decidido por la multinacional estadounidense, con el consecuente despido de los 369 empleados directos de A Coruña y otros 317 de Avilés (Asturias). El comité de empresa coruñés advierte a la compañía además de que si desmantela la planta tendrá que asumir el elevado coste de la recuperación ambiental del suelo industrial y reclama a la Xunta que vele por que la compañía cumpla con sus obligaciones medioambientales llegado el momento.

"El coste de parar la actividad es muy alto porque Alcoa tendría que revertir los terrenos. Somos una industria contaminante y si la fábrica se cierra habrá que recuperar la superficie. No creo que la empresa tenga establecidos los costes de esta actuación", expone el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Grela, Juan Carlos López Corbacho. El representante de la plantilla lamenta que, a su juicio, "la Xunta se pone de perfil" en este conflicto e insta al Gobierno de Feijóo a actuar con firmeza. "Si Alcoa cesa la actividad no se puede permitir que deje la instalación como un almacén y que no regenere la zona", anticipa Corbacho.

La multinacional Alcoa se hizo con la factoría de aluminio primario de A Grela en 1998 dentro de un lote de una decena de fábricas en España con la privatización de la empresa pública Inespal realizada por el Gobierno de José María Aznar. Tras 20 años explotando las instalaciones, Alcoa ha decidido cerrar dos de las tres plantas que le quedan en el país y apostar únicamente por la de San Cibrao, en Cervo (Lugo), en la que más inversiones ha realizado y más rentable porque también fabrica alúmina. Administraciones y trabajadores rechazan el cierre. La negociación expira el día 15.