Alcoa plantea despedir a la plantilla y apagar la fábrica en condiciones de ser reactivada

"La empresa estaría dispuesta a apagar la línea de electrólisis de una manera ordenada durante un periodo de tiempo para que si llegara un inversor interesado pudiera rearrancarlas", explican fuentes oficiales de la firma americana, que matizan que esta vía necesitaría del consenso de la plantilla. El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, expresó ayer la "rabia" de los trabajadores por que ni la empresa ni el Gobierno les han transmitido ninguna propuesta y no quiso valorar la posibilidad hasta que se la presenten, probablemente en la reunión del ERE fijada para hoy. Con todo, Corbacho avanza que parar las cubas iría en perjuicio de la posibilidad de vender la instalación. "Si se quiere buscar un inversor no se puede causar más daño del que ya le ha hecho Alcoa a las fábricas. Para vender algo, lo que hay que hacer es prepararlo y no fastidiarlo más, salvo que no lo quieras vender", considera el portavoz de la plantilla aluminera de A Grela. La plantilla asturiana también manifestó su rechazo, pues teme que la propuesta de Alcoa suponga "un cierre aplazado".

Los dos comités siguen exigiendo al Gobierno que intervenga las factorías, que hasta 1998 eran del Estado (hasta la privatización de Inespal) y lidere un proceso de venta a otro productor de aluminio. La ministra de Industria, Reyes Maroto, argumentó ayer que si Alcoa "no quiere avanzar es difícil encontrar soluciones" y volvió a pedir "responsabilidad" para negociar una salida a los cierres de las plantas de A Coruña y Avilés. Maroto detalló que la mesa de trabajo del miércoles fue "muy intensa" y acabó a las 00.00 horas de ayer fruto de, a su juicio, el "punto de inflexión" que deja la situación de Alcoa. El encuentro tripartito, en el que participaron Administración (Gobierno, Xunta y Principado de Asturias), empresa y sindicatos, concluyó sin resultados.

La multinacional se reafirma en su postura, la misma con la que anunció los cierres el pasado 17 de octubre. Sostiene que tanto la fábrica de A Coruña como la de Avilés "están afectadas por problemas estructurales, organizativos, productivos y tecnológicos" y que esto supone "menor capacidad de producción y altos costes operativos" junto a "una tecnología obsoleta, menos eficiente". Por tanto, su decisión es clausurar las dos factorías españolas y continuar únicamente con la de San Cibrao, en Cervo (Lugo), donde produce tanto aluminio primario como alúmina, más rentable.

No obstante, Alcoa quiso mostrar su buena voluntad para de cara al posible mantenimiento de la actividad industrial y el empleo manteniendo la factoría un tiempo en condiciones de ser recuperada. Y es que ha recordado que si la serie de electrólisis "se apaga de manera abrupta, no habría manera de utilizarla" de nuevo. El mantenimiento de las instalaciones para que puedan volver a ser operativas es algo que ya se hizo en la planta del fabricante de aerogeneradores Vestas en Villadangos del Páramo (León), aunque en el caso de las plantas de aluminio tiene una mayor complejidad.

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, calificó ayer de "decepcionante" la reunión sobre Alcoa y lamentó que el Ejecutivo "no haya puesto propuestas sobre la mesa". "El tiempo está a punto de agotarse y no tenemos una solución concreta por parte del Gobierno, que sólo acudió a la reunión para que se ampliase el periodo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)", afirmó Conde en declaraciones a Radio Galega. Los trabajadores acusan a la Xunta de "ponerse de perfil" en el conflicto y no ejercer sus competencias en materia de Industria y Medio Ambiente para presionar a la compañía.

"Alcoa sigue preocupada por una solución desde el punto de vista del precio de la electricidad, pero ayer no se hicieron los deberes para llevar a cabo una propuesta de un precio competitivo; el Ejecutivo no ha presentado ni un solo borrador de cómo será el estatuto del consumidor electrointensivo", denunció Conde respecto a la marco eléctrico que reclama la gran industria, después de que la última subasta de interrumpibilidad redujera un 40% las primas eléctricas al sector.

A este respecto el titular autonómico de Industria defendió que la Xunta acudió a Madrid "con propuestas concretas: que el estatuto del consumidor electrointensivo tenga carácter retroactivo y propuestas para obtener un precio competitivo a través de la reducción de los costes que se imputan a las empresas o a través de los mecanismos de compensación por emisiones de dióxido de carbono". Conde recordó que, si bien la solución de Alcoa es "la más urgente", en Galicia "hay 5.000 empleos que dependen de las empresas electrointensivas", por lo que hay que "dar viabilidad a estas industrias" para evitar "que esa situación se pueda extender a otras empresas, como está pasando con Ferroatlántica".

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, confió ayer en que la actividad industrial y los puestos de trabajo se mantengan porque "hasta el último minuto" de la negociación, aseguró, "hay partido". Losada reiteró que es preciso "que Alcoa negocie, que retire el ERE y que permita un tiempo prudencial para encontrar inversores que puedan mantener la actividad".

Por su parte, Unidos Podemos avanzó ayer en el Congreso que no apoyará nuevos decretos ley sobre políticas industriales si no contienen medidas para garantizar la continuidad en centros productivos amenazados por el cierre, como Alcoa, La Naval o Isowat Made -con un centro de A Coruña-. Estas amenazas son, aseguró la portavoz industrial del grupo confederal, Yolanda Díaz, "las tres principales problemas que tiene el Ministerio de Industria y la SEPI" y, por ello, considera "incomprensible que un Gobierno renuncie a actuar en política industrial y a practicar política de Estado". Díaz insistió en que el Gobierno debe intervenir estas fábricas de "sectores productivos estratégicos para España" como piden los trabajadores.