Alcoa plantea mantener parte de la actividad en las fábricas de A Coruña y Avilés pero la propuesta que trasladó ayer a los representantes de los trabajadores en el marco del periodo de consultas del ERE augura pocas opciones para llegar a un acuerdo. La multinacional plantea mantener a 200 trabajadores de los 686 que conforman las plantillas (369 de A Coruña y 317 de Avilés) y continuar con la actividad en las fundiciones. Quiere apagar de forma inminente las cubas, pero de forma ordenada para que se puedan reactivar en caso de que un inversor compre las factorías o que haya alternativas de reindustrialización.

Ese parón de las series de electrólisis duraría unos treinta días, y a partir de ahí el resto de la plantilla se iría a casa mediante un ERTE. Si antes del 30 de junio no se hay proyecto inversor, los despidos serían definitivos. Y para que el plan siga adelante, los representantes de los trabajadores tienen de plazo hasta el martes para llegar a un acuerdo. Si no lo hay, la compañía tomaría una decisión definitiva antes del 1 de febrero. Si se consigue un pacto pero a 30 de junio no hay venta, Alcoa demolerá las cubas.

Los presidentes de los comités de empresa A Coruña y Avilés, José Carlos López Corbacho y José Manuel Gómez de la Uz, se mostraron rotundos tras la reunión: "Lo que nos plantean es un cierre en diferido que no aceptamos. Solo habrá decisiones cuando veamos un proyecto viable que dé trabajo al 100% de la plantilla".

Los representantes de los trabajadores mostraron su rechazo a la propuesta porque no garantiza la continuidad de la actividad y plantearon su contraoferta: que Alcoa analice el impacto económico del cierre de las dos empresas y provisione dicha cuantía al Gobierno, al que además cederá la titularidad de las dos plantas para buscar otro productor junto con los Ejecutivos "de Galicia y Asturias y los respectivos comités de empresa".

La reunión comenzó a las diez de la mañana en Madrid. La multinacional presentó su propuesta, que pasa por mantener solo las fundiciones de A Coruña y Avilés y la torre de pastas lucense "pese a que son deficitarias". El periodo de búsqueda de inversores y compradores que puedan hacerse cargo de las plantas o proporcionar alternativas de reindustrialización se prolongaría hasta el 30 de junio y se procedería de forma inminente al apagado de las cubas. Una vez finalizada esta parada programada, los trabajadores que no desarrollen su actividad en las instalaciones que quedarán activas y el personal administrativo o de mantenimiento que sea necesario para esta tarea, se incluirán en un ERTE (regulación de empleo temporal), "con el fin de dar tiempo a la búsqueda de posibles inversores o adquirientes".

La propuesta incluye un plan social con prejubilaciones, recolocaciones e indemnizaciones superiores a las que se ofrecieron en el inicio del periodo de consultas, así como planes de recolocación externa y convenios especiales. Los contratados temporales percibirían la indemnización que se acuerde en el plan social. Se aplicaría si a 30 de junio no hay inversor.

Esta propuesta expira el martes. Si no hay acuerdo, el grupo advierte de que puede retirarla. Ese acuerdo, además, debe ser unánime y condicionado a que no existan demandas colectivas. Alcoa advierte, además, de que "no hay compromiso" por su parte de "rearrancar las cubas en ningún caso".

La multinacional ofrece cincuenta recolocaciones internas en en San Cibrao derivadas de un Plan de bajas voluntarias incentivadas. Oferta a los empleados de San Cibrao con 57 o más años (a 31 de diciembre de 2018) causar baja voluntaria y el abono de un plan de rentas. Las prejubilaciones (22 entre las dos fábricas) se plantean para los empleados de A Coruña y Avilés de 57 años o más con un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, en su caso, alcance un 70% de la retribución neta, hasta los 63 años.

Para el personal no recolocado o no incluido en el plan de rentas, ofrece una indemnización equivalente a 45 días de salario por año trabajado con el límite de 24 mensualidades. La multinacional ofrece un plan de recolocación externa a través de la empresa Lee Hecht Harrison por un periodo de seis meses. La multinacional obtuvo un no rotundo de los trabajadores. Empresa y comités están emplazados para una nueva reunión el martes.

El Gobierno, a su vez, sostiene que hay "base jurídica" para poder ampliar a unos seis meses el plazo de negociación del ERE planteado por Alcoa y ve opciones para acelerar el Estatuto para la industria electrointensiva en tres meses.