Los representantes de los trabajadores de Alcoa presentaron ayer en la mesa de negociación un informe, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, con una conclusión clara: es la propia multinacional la que pone contras las cuerdas a las plantas de A Coruña y Avilés.

La razón radica en que es la propia firma la que abastece a las fábricas de materia prima y la que adquiere la producción al precio que determina el grupo, para ponerla a disposición y facturarla al cliente final a un precio que cuenta con otro margen. El informe, encargado por el comité europeo de Alcoa a una consultora, no es capaz de constatar dicho margen porque la empresa "no facilita la información económica suficiente" sobre la contabilidad de Aluminio Español SL (la planta de San Cibrao). "Cuando la materia prima de las fábricas de A Coruña y Avilés incrementa su precio empeorando los resultados de éstas, otra parte del grupo, Alúmina Española, mejora los suyos", asevera.

El estudio incide en la dependencia comercial que tienen las factorías de A Coruña y Avilés respecto de Aluminio Español, que es la que adquiere la producción de sendas plantas y las vende al cliente final ("después de establecer un margen que no hemos podido inferir"). También son dependientes del grupo desde el punto de vista productivo, puesto que adquieren su principal materia prima (la alúmina) a Alúmina Española (la planta de San Cibrao, propiedad de una empresa participada por Alcoa Corporation y por Alumina Limited). La multinacional sostiene que las transacciones entre las empresas del grupo se realizan a precio de mercado, pero el informe encargado por los sindicatos aprecia "inconsistencias entre la evolución de los ingresos unitarios medios por tonelada y de la evolución de los precio de mercado". Así, los redactores del informe concluyen que "el ERE está asentado en una gran artimaña fundacional" que consiste en "hacer pasar por razones productivas, técnicas y organizativas lo que es puro análisis económico de costes y beneficios". "Alcoa pretende desviar la atención del grupo a las partes", recoge el estudio, para achacar las supuestas ineficiencias económicas de las plantas a factores externos y no a sus propias decisiones". "Solo cayendo en esa trampa podríamos pasar por alto los beneficios millonarios del negocio de Alcoa en España", prosigue.

Las primeras páginas del informe están dedicadas a la venta de Inespal al grupo Alcoa, en 1998: el precio de venta fue de 410 millones de dólares, de lo que se rebajaron 200 por la modernización de las plantas. Posteriormente se le rebajaron otros cien millones por posteriores reclamaciones y se estipularon condiciones favorables en la factura de la luz durante quince años.

El informe subraya que Alcoa ha fundamentado el ERE en causas productivas, organizativas y técnicas, en vez de económicas, para así desplazar el foco de atención del grupo y situarlo en las fábricas que quiere liquidar, lo que "ha provocado una situación de indefensión material en la representación social". El estudio sostiene que la producción de aluminio está más que garantizada, puesto que la demanda y el consumo será creciente en los próximos decenios, lo que garantiza la viabilidad de la producción de aluminio primario en Europa. También se prevé que su precio se mantendrá al alza, "como mínimo en los 2.200 dólares por tonelada". Sobre el abastecimiento de alúmina, las previsiones pasan porque su precio se estabilice por debajo de los 400 dólares por tonelada en el corte plazo.

"Lo que se subyace es una deslocalización de la producción de las empresas afectadas por el despido, puesto que la producción que dejaría de obtenerse no se cubriría con la producción de la empresa Aluminio Español (el complejo gallego de San Cibrao)", concluye. Alcoa cifra en 350 millones la inversión que requiere cada planta.