El Gobierno es partidario de retrasar la edad real de jubilación desde los 62,7 años actuales hasta los 65,5 años en un plazo de 30 años (hasta 2048) para acercarla de forma progresiva a la edad legal de jubilación, pero sin que ello suponga posponer esa edad oficial de retiro más de lo que ya está previsto actualmente que se amplíe.

La edad legal de jubilación se sitúa en la actualidad en los 65 años y 8 meses para quienes tienen cotizados menos de 36 años y 9 meses, y en los 65 años si se ha cotizado más de 36 años y 9 meses. Y, una vez que culmine la aplicación completa de la reforma de las pensiones que se hizo en 2011, la edad legal de jubilación se situará a partir del año 2027 en 67 años si se han cotizado menos de 38 años y 6 meses y en 65 años si se ha hecho durante un periodo más dilatado. Eso se mantendría.

El Ejecutivo también es favorable a que el cómputo del periodo de cotización a considerar para calcular la cuantía de la pensión (22 años en la actualidad y 25 años a partir de 2022) se amplíe para acercar la legislación española a estándares europeos y contribuir a la sostenibilidad del sistema público de previsión.

Con ambas propuestas -expresadas ayer por fuentes del Ministerio de Trabajo y por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado- el Gobierno asume dos de las recomendaciones que difundió el miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su propuesta para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Además, el Gobierno permitirá la jubilación anticipada, pero con mayor cotización, e incentivará el retiro tardío. En un comunicado, el Gobierno explicó que un debate de esta naturaleza debe ir acompañado de una reflexión "profunda" sobre la tasa de reemplazo, sobre los incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y sobre la introducción de marcos flexibles entre actividad y jubilación. El ejecutivo se inclina por buscar el consenso en las mesas del diálogo social y del Pacto de Toledo y en identificar qué gastos deben ser financiados por las cotizaciones sociales y cuáles por los impuestos

En el Ministerio de Trabajo se resaltó que la evolución actual del mercado de trabajo hace que los trabajadores tiendan a jubilarse más tarde, ya que los puestos de trabajo son cada vez "menos penosos" y se automatizan más los procesos. Así, cada vez tienen más peso las actividades que se pueden hacer sin problemas a una edad superior a la de jubilación actual.

Según los cálculos de la AIReF, un aumento de un año en la edad efectiva y real de retiro (desde los 64,5 años en 2027 hasta 65,5 años en 2048) supondría una contención adicional del gasto en pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales en 2048. El Gobierno también comparte las reflexiones de la AIReF sobre la situación demográfica y considera que es necesario un refuerzo "considerable" de las políticas de familia y apostar por una política migratoria abierta. Para el Ejecutivo, la inmigración no es un fenómeno negativo y considera que quienes la rechazan "están poniendo, de alguna forma, en riesgo la sostenibilidad de las pensiones".

Según las cuentas del Gobierno, la evolución del gasto en pensiones es similar a la proyectada por la AIReF y situaría el gasto en pensiones en un 13,4% del PIB en 2048. Este incremento del gasto se debe al aumento del número de pensionistas y a las carreras de cotización durante la democracia conllevan mejores bases de cotización que las producidas durante el franquismo.

El ejecutivo señala que por diversas causas (jubilación temprana, pensiones cada vez más elevadas con salarios y cotizaciones menores, envejecimiento y otras) se está produciendo "una evolución exagerada" del déficit del sistema público de pensiones, que ha pasado del 0,1% del PIB en 2010 al 1,5% (casi 17.500 millones) en los últimos años. El PP cree que la propuesta del Gobierno "es una absoluta irresponsabilidad" y Unidos Podemos también se opone.