La multinacional del aluminio Alcoa podrá ejecutar a partir de mañana el despido colectivo de sus trabajadores de las fábricas de A Coruña (369 empleados directos) y Avilés (317), salvo que patronal y sindicatos pacten hoy una alternativa al cierre. La penúltima reunión de la comisión negociadora del ERE (expediente de regulación de empleo) se alargó ayer en Madrid más allá de la medianoche. Al cierre de esta edición, no había soluciones sobre la mesa. El Gobierno, que desoye la petición de intervenir las fábricas lanzada por los sindicatos y los partidos de izquierdas de la oposición, reclama más tiempo para que fragüen las negociaciones con un posible comprador. Alcoa ha ofrecido mantener una actividad mínima en las fábricas durante unos meses para que la producción pueda reactivarse si llegara un nuevo grupo inversor, pero descarta más prórrogas del periodo de consultas que expira hoy mismo.

El tiempo se agota y no habrá más. Alcoa rechaza prolongar la negociación del ERE más allá de hoy, según fuentes de la multinacional, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a aseverar el pasado jueves que hay "base jurídica" para ampliar las conversaciones durante seis meses.

La jornada maratoniana de ayer comenzó a primera hora con el anuncio de que la que reunión sobre el ERE de Alcoa se celebraría en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en vez de en el hotel que venía acogiendo las negociaciones. Poco después, a las once, los comités de empresa de A Coruña y Avilés convocaban una rueda de prensa para urgir al Ejecutivo que asuma la gestión de las factorías o las intervenga de forma temporal.

Los sindicatos sostienen que el Gobierno está a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo, pero la propuesta de la compañía, inciden los representantes, "solo pasa por cerrar la empresa": continuar simplemente con la actividad en las fundiciones, con 200 trabajadores en total, echar al resto a un ERE temporal y apagar las cubas, pero de forma ordenada por si se cierra una inversión antes del 30 de junio.

El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, criticó los cambios de última hora que se están produciendo en las negociaciones a contrarreloj: "La empresa tiene una estrategia, no sabemos si de despiste o de desgaste con reuniones que no sabemos ni donde son, cambiándonos de ubicación. Ya está bien de marearnos y tomarnos el pelo. Ya no hay excusas para nadie, Alcoa solo quiere despedirnos a todos y cerrar las plantas".

Los representantes de los trabajadores inciden que está en juego el futuro de un sector productivo como el del aluminio. "El Gobierno, de una vez por todas, tiene que proteger los intereses del país y de la industria, se quiere cerrar un sector productivo como el nuestro y meter el producto desde otras localizaciones. Es un escándalo. Toca ya intervenir y hay dos formas: asumiendo la gestión de las plantas o intervenirlas directamente porque (el Gobierno) tiene la Constitución debajo del brazo. Somos un monopolio en manos de Alcoa, somos un sector estratégico de futuro y fundamental para el país". El Gobierno tiene que dejarse de indefiniciones, tiene que pilotar esta situación, son ellos los que tienen que buscar la solución y Alcoa poner el dinero. El Gobierno tiene que dejarse de estar escondido detrás de las bambalinas y ponerse al frente. Si no, no tenemos solución", apuntó el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, sobre el mensaje que los trabajadores iban a poner sobre la mesa del Ministerio de Industria en una reunión que finalmente no se celebró.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseveró que las últimas horas de negociaciones del ERE van a ser "clave", y sobre los inversores potenciales incidió en que se tienen que "sustanciar" y eso requiere tiempo. En declaraciones a los periodistas en un acto en Zaragoza, Maroto aseguró que el Gobierno trabaja en la búsqueda de soluciones, y se mostró confiada en que la voluntad de todas las partes lleven a esa solución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que la empresa ofrezca garantías para que se puede mantener la producción hasta que se encuentre un nuevo inversor.

La ministra incidió en que el Ejecutivo no es "sospechoso de mirar para otro lado" en este conflicto y puso de nuevo como ejemplo las crisis de Vestas y la cementera Cemex, que ayer mismo presentó formalmente un ERE para cerrar sus dos plantas en España (en Almería y Mallorca) con 188 trabajadores. "Hemos dado muestras de que este Gobierno es responsable, de que ante una deslocalización trabaja", defendió.

"La solución depende de todos, de la voluntad de todas las partes de que la empresa ofrezca realmente garantías de que se puede mantener la producción de la planta hasta que encontremos un nuevo inversor. Tenemos en estos momentos negociaciones abiertas con inversores potenciales que se tienen que sustanciar, pero para eso necesitamos tiempo", argumentó la titular de Industria respecto a la posibilidad de la vender las factorías a otro grupo industrial.

La reunión de negociación sobre el ERE de extinción de las plantas de fabricación de aluminio primario de Alcoa de A Coruña y Avilés comenzó pasado el mediodía y al cierre de esta edición (pasada la media noche), aún continuaba. Los comités pretenden que Alcoa, antes de la fuga, acometa inversiones en las series de electrolisis para que pueda haber proyecto industrial de continuidad. La cuenta atrás ha pasado de días a horas y las posturas siguen enrocadas. Si hoy no hay una solución alternativa, comenzarán a ejecutarse los despidos en las fábricas A Grela y San Balandrán.