El bajo número de beneficiarios del nuevo bono social eléctrico ha obligado al Gobierno a ampliar hasta en tres ocasiones el plazo para solicitarlo y a suavizar los requisitos para disfrutar de las ayudas. Esto ha permitido que en los últimos tres meses -desde que el anterior sistema de subvenciones llegó a su fin hasta el día de hoy- otros 18.220 hogares gallegos hayan podido tramitar los descuentos para rebajar su factura de la luz. Eso sí, en plena escalada de los precios de la electricidad, el número final de beneficiarios, un total de 66.452, sigue lejos de las 230.000 familias que venían disfrutando de las antiguas bonificaciones hasta el pasado mes octubre, según los datos suministrados por Naturgy, la principal comercializadora de la comunidad.

El desplome en el número de beneficiarios del bono social eléctrico motivó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retocar el sistema de ayudas que había diseñado el anterior Gobierno del PP. Un real decreto que entró en vigor el 7 de octubre amplió los límites al consumo sobre los que se aplicaba el descuento, aumentó los casos en los que los topes de renta pueden ser más elevados y mejoró el acceso para jubilados.

Y además el Gobierno abrió la posibilidad de que los perceptores de las ayudas del viejo modelo pudiesen tramitar los nuevos descuentos a partir del 1 de enero de este año y sin fecha tope. De esta manera, su derecho a solicitarlo no caduca siempre que se cumplan los nuevos requisitos.

El primer bono social eléctrico contemplaba descuentos del 25 por ciento para todas aquellas familias que estuvieran entre uno de estos cuatro colectivos: hogares con todos los miembros en paro, viviendas con una potencia contratada inferior a tres kilovatios por hora, familias numerosas y mayores de 60 años con pensión mínima de jubilación, invalidez o viudedad. En Galicia había 230.0000 beneficiarios.

A finales de 2017, sin embargo, el Gobierno decidió reformar el sistema de ayudas. El nuevo bono permitía disfrutar de descuentos a todas aquellas viviendas que tuviesen hasta 10 kilovatios contratados, pero para poder acceder a estas subvenciones se fijaban unos límites de renta en función del tamaño del hogar, con condiciones especiales para jubilados con la pensión mínima o familias numerosas. Los descuentos se fijaron en un 25 por ciento, que podían llegar al 40 por ciento si se trata de hogares en situación de vulnerabilidad severa. Eso sí, se fijaban unos límites mensuales de consumo de electricidad.

En octubre del pasado año se extinguió el anterior sistema de bonificaciones y solo 48.232 hogares gallegos habían tramitado el nuevo bono social eléctrico. Esto supuso que más de 180.000 hogares se quedaron sin descuento y vieron incrementada su factura de la luz.

La escabechina fue similar en el resto de España. Y el Gobierno de Pedro Sánchez decidió ampliar la cifra de potenciales beneficiarios incorporando algunas modificaciones al nuevo modelo. Así, los límites al consumo se incrementaron un 15 por ciento. Es decir, se subvenciona un porcentaje mayor de la factura de la luz, lo que supone un incremento en euros en la cuantía de la ayuda.

A los jubilados se les permite tener ingresos de hasta 500 euros al margen de la pensión mínima que cobren. Y se incluyen condiciones específicas de renta para dependientes y para las familias monoparantales, que podrán superar en un 0,5 por ciento los límites de ingresos fijados para el resto de hogares.

Esto ha permitido en tres meses elevar en Galicia el número de beneficiarios casi un 40%.

Las eléctricas no informan del volumen de solicitudes del bono social eléctrico que han sido denegadas. En todo caso, los usuarios pueden reclamar tanto a la compañía como al Instituto Galego de Consumo si no están conformes con la negativa. Desde octubre de 2017, a este organismo dependiente de la Xunta llegaron 277 quejas motivadas tanto por la denegación de la ayuda como por la disconformidad del beneficiario con su cuantía.

De hecho, el Gobierno gallego abrió un expediente sancionador relacionado precisamente con "la incorrecta aplicación por parte de las comercializadoras del bono social eléctrico".

Según explica la Xunta, el Ministerio de Transición Ecológica dispone de una plataforma informática donde las empresas comercializadoras vuelcan los datos de los solicitantes para saber si cumplen o no los requisitos. Pero no se las informa de los motivos de las peticiones denegadas.

El Instituto Galego de Consumo se dirigió al Ministerio para pedirles "informe motivado y justificado sobre la procedencia de la concesión o no del bono social". Sin embargo, desde el Gobierno le advirtieron que por la legislación de protección de datos solo pueden informar directamente al consumidor.

La Xunta complementa las ayudas del Ministerio para aquellos consumidores considerados vulnerables severos. Al 40 por ciento de ayuda estatal le suman otro 50 por ciento de subvención autonómica,que junto al 10 por ciento que ponen las eléctricas permite financiar el 100 por cien de la factura de la luz de estas familias. Ya hay 800 hogares beneficiados.