Lo poco que se sabe hasta ahora de las recomendaciones que ultima el Pacto de Toledo para apuntalar la viabilidad del sistema público de pensiones es una apuesta por la reorganización de sus gastos. Que no asuma algunas partidas que podrían no corresponderle y que explican, aunque solo en parte, el galopante déficit de la Seguridad Social, casi 19.000 millones de euros el pasado año. Para este, el organismo prevé otro crédito a cargo del Estado de 15.164 millones de euros, la misma cantidad prestada en 2018, además de sacar de la famosa "hucha" 3.700 millones de euros.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se aferraba hace unos días a la evolución de las cotizaciones para confiar en que la retirada sea finalmente menor.
La recuperación económica con la consiguiente creación del empleo están empujando los ingresos por las retenciones a los trabajadores, pero tampoco deja de aumentar el coste de las prestaciones por el envejecimiento de la población y las cuantías más elevadas que las de los jubilados de hace dos o tres décadas.
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Galicia es una de las comunidades en las que se refleja a la perfección este desequilibrio, hasta el punto de que el incremento de afiliados no ha servido para aliviar el histórico déficit en el pago de las pensiones.
Por primera vez el desembolso por las pensiones en la comunidad superó los 8.200 millones de euros. Ocurrió en 2017, según los datos que acaba de publicar la Seguridad Social en los anexos del proyecto de presupuestos de este ejercicio. Fueron, exactamente, 8.261,7 millones, un 2,5% más que el ejercicio anterior. Las de jubilación y las de viudedad, de largo las que más fondos requieren, absorbieron 5.840 y 1.440 millones de euros, respectivamente. Basta con mirar un poco atrás para hacerse una idea de la evolución del sistema en la comunidad gallega: el gasto aumentó un 46% solo en la última década y un 172% en veinte años. En 1997 no llegaba a los 3.200 millones.
La recaudación por cotizaciones en la comunidad gallega durante 2017 ascendió a 5.581 millones de euros, como recogen los balances de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las cuentas de las mutuas colaboradoras. El alza sobre el año anterior es mayor a la subida registrada en el coste de las pensiones, un 3,9%, pero en ambos casos se corresponde con un incremento de alrededor de 200 millones de euros. Así que el déficit en la cobertura de las pensiones con la aportación de los trabajadores se cronifica.
A la cabeza del déficit
¿A cuánto ascendió en 2017? A 2.680 millones de euros. O, lo que es lo mismo, una de cada tres pensiones se queda sin el respaldo de las cotizaciones en Galicia. Es la cuarta comunidad con mayor déficit por detrás de Asturias, donde la contribución de los afiliados ronda únicamente la mitad de las prestaciones; Castilla y León, con un agujero del 33,1%; y Cantabria, del 32,7%. En el conjunto del Estado el déficit alcanza el 11%. Solo cuatro territorios ingresan por cotizaciones lo suficiente para abonar las pensiones, e incluso con un margen relevante. La recaudación en Baleares supera un 33% a los gastos, el 19% en Madrid, el 15% en Canarias y un 1,9% en Murcia.
Pero la Seguridad Social no solo hace frente a las pensiones. De su bolsillo salen, entre otras, las prestaciones por las bajas laborales y las de maternidad y paternidad. No es importe anecdótico. Alcanzaron los 622 millones de euros en 2017 en la comunidad gallega tras un notable ascenso del 15,2%. Y engorda el agujero de la Seguridad Social. Entre estos pagos y las pensiones, el gasto que no se cubre con cotizaciones en la comunidad se situó en 3.300 millones.
