Las empresas españolas que, como Alcoa o Ferroatlántica, necesitan grandes cantidades de energía para producir respondieron en 2018 a un total de 50 peticiones de Red Eléctrica de España (REE) para desconectar parcialmente sus fábricas. Una media de cuatro al mes en el conjunto del país. Es el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que la gran industria puja para obtener las primas que le permiten abaratar su abultado recibo de la luz. El año pasado la subasta repartió 648 millones de euros entre un centenar de empresas por su disponibilidad de interrupción eléctrica. Algunas no tuvieron que hacerlo en ningún momento. Las que lo hicieron ayudaron a moderar el precio de la luz en el mercado global. Según informaron fuentes oficiales de REE, las 50 interrupciones decretadas el año pasado fueron por causas económicas. En ningún momento la interrumpibilidad fue necesaria para garantizar el abastecimiento.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió en 2017 sobre el "elevado" coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, "apenas utilizado" y pidió justificar su necesidad. Al año siguiente se añadió el criterio económico. Aunque los primeros años era anual, en los últimos tiempos el servicio de interrumpibilidad se asigna a las empresas electrointensivas de forma semestral a través de un sistema de subastas cuyos resultados son opacos. El Gobierno mantiene como un dato confidencial cuánto dinero recibe cada empresa por este servicio, aunque trasciende parte de las cifras. El año pasado, el Gobierno repartió unos 648 millones de euros en primas a la industria electrointensiva (373 en la subasta de los cinco primeros meses y 275 para los restantes). Teniendo en cuenta que hubo 50 interrupciones efectivas en el año, cada una de ellas costó al herario público casi 13 millones de euros.
Red Eléctrica no especifica qué empresas ni en qué comunidades autónomas se dio respuesta a las solicitudes. Ademas, el organismo señala que "no es posible cuantificar el ahorro que ha tenido para los consumidores" y rechaza hacer una comparativa con el año anterior porque en 2017 "no había entrado en vigor la aplicación de la interrumpibilidad por criterios económicos". Este sistema por el cual la gran industria cobra incentivos públicos a cambio de su disposición para reducir el consumo cuando REE se lo requiera fue regulado en 2007 para "garantizar el suministro de electricidad a los consumidores". Con ese fin, "la posibilidad de reducir la potencia demandada de aquellos consumidores que estén dispuestos a ello, se presenta como una valiosa herramienta para resolver aquellos incidentes que puedan derivar en una falta de suministro", expone el texto de la orden.
El sistema fue previsto inicialmente para solventar "situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda", define Red Eléctrica, ya sea por un pico de consumo o por una bajada repentina de la generación renovable, por ejemplo un cambio meteorológico brusco. Ese era el único mecanismo que activaba las alertas para desenchufar máquinas en la industria hasta el año pasado. Fue entonces cuanto se incorporó el criterio económico: Red Eléctrica puede ordenar la desconexión "si el coste de interrumpir el suministro es menor que el que resulta de aplicar los servicios de ajuste del sistema". El total de actuaciones requeridas el pasado ejercicio se desencadenaron por este segundo motivo.
Alcoa y Ferroatlántica
Las primas eléctricas se han convertido en ingreso fundamental para las empresas electrointensivas, tanto que los recortes de los incentivos derivan con frecuencia en decisiones de reducción de la producción y ajustes laborales. Es lo que pasó en Alcoa en 2014 y es lo que ha sucedido este mes en Ferroatlántica, con los trabajadores a la espera de un posible ERE (expediente de regulación de empleo) por la caída del 40% de las primas. Alcoa, con su decisión firme de desconectar las cubas electrolíticas -donde se produce el aluminio- en A Coruña y Avilés (Asturias) tendrá que renunciar a partir del próximo mes a los incentivos asignados para este semestre a estas dos factorías. En la última subasta, Alcoa logró 400 megavatios de los 2.600 que había en juego, con lo que se embolsó 21 millones de euros en primas para sus plantas de A Coruña, Avilés y San Cibrao (Cervo, Lugo). Para la instalación de A Grela, Alcoa logró 100 megavatios hora (MWh), una potencia que no podrá interrumpir una vez parada la electrólisis, puesto que la demanda de energía de la factoría bajará de los 165 MWh habituales a menos de 20.
Un total de 124 empresas electrointensivas concurrieron a la última puja de interrumpibilidad. Todas ellas están pendientes del Estatuto para la Industria Electrointensiva que tramita el Gobierno central y podría modificar el sistema de incentivos a la gran industria. Las plantillas de Alcoa y de Ferroatlántica demandan al Ministerio de Industria que establezca un sistema más transparente, más estable y más justo, que equipare el precio de la energía al de los países del entorno y que permita a las compañías planificar y ser competitivas.
