El nuevo bono social eléctrico dejó fuera a más de 160.000 hogares gallegos. Una parte no cumple con los nuevos requisitos, pero otros se perdieron en la compleja tramitación de las ayudas: se olvidaron de marcar una casilla, de presentar un papel o se dieron por vencidos al no poder justificar todo lo que les pedían. La Xunta exigirá al Ministerio de Transición Ecológica que elimine las trabas burocráticas y las "deficiencias" en el procedimiento puesto que, según advierte, hay familias que cumplen los requisitos y, a pesar de ello, se están quedando sin las subvenciones. Así, explica que se está excluyendo a los gallegos con pocos recursos que no están obligados a presentar la declaración del IRPF y, por tanto, no pueden acreditar sus ingresos o las personas que viven de alquiler y no son titulares de un contrato de energía eléctrica, uno de los documentos que se les exigen para recibir las ayudas.

El grupo parlamentario popular llevará al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para impulsar esta demanda ante el Gobierno. Lamentan que las dificultades en la tramitación de estas ayudas están provocando además "un efecto disuasorio" entre los potenciales beneficiarios.

Con el anterior bono social eléctrico un total de 230.000 familias se beneficiaban en Galicia de bonificaciones en su factura de la luz. Sin embargo, estas ayudas se reformaron y se fijaron criterios más estrictos basados en los umbrales de renta. El número de beneficiarios se desplomó de tal manera que a finales del pasado año el Gobierno decidió suavizar los requisitos. Eso permitió ampliar la cifra de perceptores de la ayuda hasta los 66.452. Pero aún así son 160.000 menos de los que había hasta octubre.

El criterio de renta dejó sin ayuda a muchos hogares, pero el Instituto Galego de Consumo ya había advertido que se estaban denegando bonificaciones sin que se tuviesen muy claros los motivos. En algunos casos, se trata de simples errores en la tramitación. Y para reclamar no está claro si hay que dirigirse al Ministerio de Transición Ecológica o a la comercializadora. Muchos pensionistas desisten de meterse en problemas y se quedan sin el bono social eléctrico.

"En el actual contexto digital carece de sentido hacer recaer el correcto funcionamiento del procedimiento para acceder al bono social en el acierto de la persona vulnerable a la hora de cumplimentar la solicitud", explica el grupo popular.

Así, por ejemplo, hay pensionistas que solicitaron la ayuda y se les denegó porque solo pueden beneficiarse los que cobren la pensión mínima. Sin embargo, sí tendrían derecho a ella por el criterio de renta y eso no se tiene en cuenta. Tendrían que presentar una nueva solicitud. Otro caso: a un matrimonio de pensionistas les viene denegada la ayuda y al reclamar la comercializadora argumenta que el problema es que marcaron la casilla en la que dan autorización a consultar sus datos de renta. Vuelven a solicitarla sin marcar esta casilla y ésta vez sí les sale aprobada.

Y el grupo popular alerta además de que cuando los beneficiarios consiguen el bono social tras presentar una reclamación no se le aplica automáticamente la retroactividad desde la primera solicitud.