La dirección de Ferroatlántica y los representantes de los trabajadores de la empresa en España iniciaron ayer la negociación del ERE (expediente de regulación de empleo) temporal que la multinacional plantea para amortiguar el incremento del coste eléctrico. Los despidos, con una duración prevista de dos años, afectan a los cinco centros de trabajo de la firma en el país, incluidos los dos gallegos. Las plantas de Sabón (Arteixo) y de Cee-Dumbría dan trabajo a unas 500 personas.

Empresa y trabajadores constituyeron ayer la mesa de negociación del ERE temporal (ERTE), con 12 miembros de la parte social que se reparten por secciones sindicales (en proporción al peso de cada sindicato en el conjunto de los comités de empresa) y no por centros de trabajo. La reunión se prolongó durante más de ocho horas, desde las 11.45 horas, en Madrid. "La empresa hizo una breve exposición de los motivos, nos entregó la documentación legal, constituimos la mesa y fijamos un calendario", explica el portavoz del comité de Sabón, Francisco Blanco (UGT). En los próximos días, los delegados sindicales analizarán la propuesta inicial de la empresa, para avanzar en una negociación que legalmente debe concluir el 25 de este mes. La próxima reunión ha quedado fijada para el lunes 18.

Ferroatlántica declinó informar sobre el contenido de la reunión. Según fuentes sindicales, las condiciones del ajuste laboral todavía son una incógnita, ya que ni el número de trabajadores afectados ni su alcance se pusieron ayer sobre la mesa. Con todo, prevén que el ajuste de personal se aplique ya desde el 1 de marzo.

La firma de ferroaleaciones propiedad del Grupo Villar Mir tiene cuatro fábricas en España, en Sabón, Cee-Dumbría, Boo (Cantabria) y Zaragoza; y oficinas centrales en Madrid. Los empleados de estas cinco localizaciones están a la expectativa de conocer el alcance del ERTE, que según el planteamiento inicial de la empresa durará del 1 de marzo de este año al 28 de febrero de 2021.

Pero la empresa ha puesto por delante que "las fechas son estimaciones" que pueden variar en función de la negociación con los trabajadores y también de los factores externos, como la incidencia que el futuro Estatuto de la Industria Electrointensiva tenga sobre el coste eléctrico. "La empresa ha expuesto motivos económicos, técnicos y organizativos, pero la energía es la clave", resume Francisco Blanco, que considera que "el Gobierno debe actuar si no quiere que desaparezca toda la industria electrointensiva".

La compañía integrada en el gigante metalúrgico Ferroglobe achaca la decisión de reducir su producción -y en consecuencia, su plantilla- al problema energético. El último reparto de primas eléctricas a la gran industria (la llamada subasta de interrumpibilidad) desencadenó en diciembre el ajuste de plantilla, que la empresa anunció a los trabajadores a falta de concretar fechas y alcance. Los incentivos eléctricos para el primer semestre del año bajaron un 40% respecto a convocatorias anteriores, lo que incrementa el coste energético de la empresa, que tienen una alta dependencia de la electricidad, en un mercado energético con precios al alza y poca estabilidad.