12 de febrero de 2019
12.02.2019

El Gobierno indulta a dos sindicalistas gallegos condenados por un piquete

12.02.2019 | 01:07
Carlos Villar y Serafín Rodríguez, durante una rueda de prensa. alba villar

Sin buscarlo, Carlos Rivas Martínez y Serafín Rodríguez Martínez consiguieron algo cada vez más raro en la sociedad y la política españolas. Nadie disimuló ayer la alegría por ver sus nombres en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la confirmación de que, esta vez sí, el Ministerio de Justicia les concedía el indulto que llevaban años esperando. Desde que lo solicitaron por primera vez tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra a finales de 2012 que ratificó la condena de tres años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo por los altercados en un piquete en los alrededores de la Zona Franca de Vigo en la huelga de transporte de 2008. En ambos casos, como recogen los respectivos reales decretos con el perdón, "concurren razones de justicia y equidad". Es un indulto parcial. La pena de cárcel se cambia por una de 3.240 euros, a razón de 18 meses de multa con una cuota diaria de seis euros, y a condición de que no cometan ningún delito doloso durante los próximos tres años.

"Por fin podemos estar más tranquilos, descansar y pensar en otras cosas", admite, aliviado, Carlos Rivas. "Esto -añade- es lo que más nos ocupaba". El trabajador, afiliado a UGT, no quiere entrar en detalles porque se ha comprometido junto con Serafín Rodríguez, afiliado de la CIG, a comparecer hoy con los secretarios comarcales de los tres principales sindicatos para valorar el indulto parcial en primera persona "y con todos". Pero en sus primeras sensaciones se repiten las palabras "pesadilla" y "calvario".

El fallo del juzgado en primera instancia atribuyó a los dos un delito contra los derechos de los trabajadores. Una vez conocida la decisión de la Audiencia de Pontevedra de mantener las penas, llegó la primera petición de indulto capitaneada por CIG, UGT y CCOO y avalada por miles de firmas de apoyo ciudadano. El Consejo de Ministros lo denegó en 2013. Las centrales persistieron y al fin lo lograron.

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