La turbulencia política preocupa a los trabajadores de la industria electrointensiva coruñesa que actualmente se encuentra en la encrucijada: Alcoa y Ferroatlántica. La primera precisa encontrar un inversor antes del 1 de julio para retomar su actividad productiva, y la segunda plantea un ERE temporal que afecta a a 424 empleados, 294 en las fábricas de Cee-Dumbría y 130 en la de Sabón (Arteixo).
"Desde luego que perjudica al proceso de venta, es otro obstáculo que debemos superar", afirmó ayer el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ante la posible convocatoria anticipada de elecciones generales tras el rechazo al proyecto de presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. "Estoy convencido de que el Estatuto Electrointensivo saldrá adelante, incluso aunque tengamos un Gobierno en funciones, lo que me preocupa es que los políticos dejen de buscar soluciones a problemas urgentes como el nuestro para centrarse en sus intereses electorales", afirma.
La "urgencia" en el caso de las factorías de A Coruña y Avilés la marca el reloj, dado que el acuerdo entre los trabajadores y la multinacional americana establece que las dos plantas echarán el cierre 1 de julio (salvo las fundiciones) y se harán efectivos los despidos si no se consigue la venta o la reindustrialización en cuatro meses y medio.
"La inestabilidad es mala", declaró ayer el presidente del comité avilesino de Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, quien subrayó que ya generó un "problema grave" con la moción de censura porque "se cortó la línea energética" que planeaba el PP y ahora sucedería lo mismo si hay elecciones dado que podría repetirse con los planes del PSOE. A su juicio, el proyecto de estatuto especial para las empresas electrointensivas que elabora el Gobierno podría seguir adelante con independencia del próximo Ejecutivo que salga de las urnas, aunque el representante del comité de empresa de Alcoa Avilés expresó su insatisfacción por la situación de incertidumbre generada.
"Ferroatlántica se encuentra en una situación crítica, por lo que un adelanto electoral solo contribuiría a generar más inestabilidad al actual contexto político y añadir más lentitud a un gobierno que ya es lento", afirmó ayer el secretario general de la CIG, Paulo Carril, ante la posibilidad de que Pedro Sánchez fije nuevos comicios.
El sindicato CIG presentó ayer en la Delegación del Gobierno en Galicia sus propuestas para el estatuto del consumidor electrointensivo para industrias con gran consumo de energía, aprovechando que el Ministerio de Industria elabora un proyecto en ese sentido.
"Es la cuarta vez que presentamos esta propuesta, pero ahora es incluso más urgente, ya que tenemos una cuenta atrás para salvar el empleo tanto en Alcoa como en Ferroatlántica", aseguró Carril, tras entregar sus propuestas.
El sindicalista calificó de "intolerable" que en Galicia, pese a ser un gran productor de energía, "sigan peligrando y cerrando fábricas debido al precio de la electricidad", mientras se exporta "un 40 % de lo que se produce".
"Ya trasladamos esta petición a la Xunta, a la patronal y al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, quien aseguró que ningún punto del documento era contrario a la normativa comunitaria", apuntó Carril, quien espera que el Ministerio de Industria tome nota de sus propuestas. La CIG también reclama ser incluida en las mesas de negociación sectoriales, de las que ha sido "sistemáticamente excluida", y solicita participar en las negociaciones sobre Alcoa.
El Ministerio de Industria ha mostrado una actitud "profundamente sectaria, antidemocrática, injusta e irrespetuosa con los miles de trabajadores a los que representa la CIG", denunció Carril, quien subrayó que su sindicato "es el mayoritario en Galicia".
La CIG convocará una concentración en la fábrica de la empresa metalúrgica Ferroatlántica en Cee (A Coruña) el 1 de marzo y dará una gran relevancia a este sector en la manifestación del Día de la Clase Obrera Gallega, el 10 de marzo.
