España, la cuarta economía del euro, fue el único de los grandes países de la Unión Europea que careció de representante en el consejo ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), integrado por diez miembros de otros tantos países. La presencia española se limitaba hasta ahora al Consejo de Supervisores, del que forman parte los 28 estados de la UE. La ausencia del núcleo decisorio fue visto por el sistema financiero español como una desventaja y se atribuía al insuficiente peso político nacional en la Unión. Ahora España entrará en ese reducto trascendental de decisión y ocupará la presidencia. El Consejo de Supervisores ha propuesto al economista José Manuel Campa (Oviedo, 1964) como máximo responsable de la European Banking Association (EBA) durante los próximos cinco años en sustitución del italiano Andrea Enria, quien ha pasado a ocupar la presidencia del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de la francesa Danièle Nouy.

La llegada de Campa a la cúpula de la EBA se produce en una circunstancia inédita en la corta historia de esta institución, creada en 2011 como heredera del anterior Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), con el cambio de su sede de Londres a París tras la decisión británica de abandonar la UE. La presencia de un español al frente de la institución se produce a la par que la de Luis de Guindos, en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) por vez primera desde la fundación de esta institución en 1998. De Guindos desempeña el cargo desde junio tras seis años de ausencia española del comité ejecutivo y del consejo de gobierno del banco emisor. La doble presencia de nacionales en ambos centros de decisión constituye otro hito y un hecho sin antecedente en la relevancia española en los organismos regulatorios y supervisores del sistema financiero europeo.

La EBA y el BCE tienen competencias y ámbitos diferenciados. La EBA opera para el conjunto de la UE (27 países a partir del 29 de marzo) y el BCE, en la eurozona (19 estados de la Unión Monetaria más aquellos otros que también utilizan el euro sin formar parte de la UE). En tanto que regulador bancario europeo, la EBA es quien define las exigencias comunes para el conjunto del sistema financiero europeo, los criterios para las autoridades supervisoras y el diseño de los test de estrés al que cada dos años han de someterse los principales bancos de la Unión en aras a garantizar la estabilidad financiera, la transparencia de los mercados y de los productos financieros, y la protección de los depositantes e inversores. El BCE es, por el contrario, el banco emisor del euro y el rector de la política monetaria, y la institución a la que la Comisión Europea confirió en 2012 la supervisión de 6.000 bancos de la Eurozona (las entidades de menor tamaño siguen confiadas a los bancos centrales nacionales), lo que dio lugar a la creación -dentro del BCE, pero desvinculados de su acción monetaria- del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que desde 2014 vigila el cumplimiento por el sistema financiero de la normativa regulatoria tanto de la EBA como del Banco Internacional de Pagos, de Basilea, y otras normas y requerimientos, y del Mecanismo Único de Resolución (MUR), cuya finalidad es liquidar bancos inviables.

Campa (ex secretario de Estado de Economía en el Gobierno de Zapatero y hasta ahora interlocutor ante el BCE del Banco Santander, al que se incorporó en 2014) tendrá como tarea dirigir el equipo que definirá los criterios y estándares de los test de esfuerzo y resistencia a los que han de someterse las instituciones financieras de la UE.

La EBA quedó parcialmente cuestionada tras las primeras pruebas de estrés de la banca europea en julio de 2010, que no lograron advertir el inmediato derrumbe de los bancos irlandeses, y en julio de 2011, que tampoco previeron desenlaces igualmente funestos como el de Bankia en España. La disolución del Banco Popular en junio de 2017 (más por un problema de falta súbita de liquidez a causa de la salida masiva de depósitos que por un problema de insolvencia inevitable e irresoluble, según las explicaciones que se difundieron entonces) y los rescates ese mismo mes de los bancos italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, evidenciaron la insuficiencia de las pruebas practicadas y de su capacidad preventiva, aun a sabiendas de que la tarea regulatoria es ardua y de extrema complejidad y de que, por la singularidad del negocio financiero (basado en el sistema de reservas fraccionarias), se trata de una actividad de riesgo inevitable y supeditada a una crónica y perpetua vulnerabilidad estructural. Este puede acrecentarse de forma sobrevenida por el modelo de negocio y el estilo de gestión de cada entidad, por el contagio de otros operadores (pánicos financieros) y por el impacto de un deterioro grave e imprevisto del entorno económico o de la solvencia percibida en el sector público estatal, todos cuyos factores están a su vez interconectados.

La EBA es una pieza capital en la prevención de crisis financieras, pero su eficacia depende de su autoridad, y ésta no sólo requiere el mandato legal sino también la preservación de su prestigio y credibilidad, en buena medida vinculadas a la ortodoxia y rigor de sus posiciones y su capacidad resolutiva.