El PSOE trató ayer de alcanzar in extremis un acuerdo de mínimos que permitiera cerrar el Pacto de Toledo esta legislatura con al menos dos recomendaciones de las veintidós que estaban encima de la mesa, pero el Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos rechazaron esta posibilidad.

El planteamiento de los socialistas para el acuerdo partía del amplio consenso logrado el pasado mes de septiembre, que permitió cerrar la recomendación 2 con la petición de que las pensiones volvieran a revalorizarse conforme a la evolución del IPC real, un punto que obtuvo entonces el respaldo de todos los grupos, aunque con un voto particular de ERC.

El otro pilar del acuerdo era la recomendación 1, que reclama profundizar en la separación de las fuentes de financiación del sistema, de forma que las cotizaciones queden exclusivamente para pagar las pensiones y que el resto de prestaciones que abona la Seguridad Social se paguen con aportaciones del Estado. En la comisión del Pacto de Toledo se había hablado de que el Estado asumiera progresivamente el coste de los gastos impropios del sistema, como las bonificaciones, las prestaciones por maternidad y paternidad, el complemento de maternidad o las ayudas universales de sanidad o servicios sociales.

Según el grupo parlamentario socialista, tanto Unidos Podemos, como PP y C's, rechazaron la posibilidad de un acuerdo menos ambicioso. La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ya advertió de que no se convocaría una reunión de este órgano mientras no hubiera un documento "con más del 90% de acuerdo", lo que finalmente no ha sido posible.

Un acuerdo político, aunque fuera de mínimos, habría dado argumentos al Gobierno para dejar aprobado por decreto ley que las pensiones tienen que mantener el poder adquisitivo y subir cada año conforme al IPC real, derogando el índice de revalorización (IRP) que introdujo el PP en 2013. En la sesión de control del Congreso, el presidente Pedro Sánchez recriminó a Podemos que haya impedido que salga adelante un acuerdo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.