El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, aseguró ayer que "hay muchos inversores que ya han trasladado su interés" a la Xunta y al Gobierno central por reanudar la actividad en la planta de fabricación de aluminio que la multinacional estadounidense Alcoa pretende abandonar en A Coruña.
Conde hizo estas afirmaciones a un grupo de periodistas al término de una reunión con representantes sindicales de la empresa para abordar el futuro de esa planta y de la de Avilés (Asturias), que Alcoa anunció su intención de cerrar y de despedir a cerca de 700 empleados de ambas factorías alegando pérdidas de unos 75 millones de euros el año pasado, casi el triple que en 2017.
El representante de la Xunta expresó su voluntad de "estar en contacto con todos los inversores e identificar todas las oportunidades que puedan permitir la mejor solución industrial" para las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, y señaló que el 12 de marzo está prevista una reunión con representantes del Gobierno central y de las dos comunidades autónomas afectadas para tratar de buscar soluciones.
Conde mostró su voluntad de facilitar que el 30 de junio "podamos tener -dijo- una solución industrial" para la planta de A Coruña y enfatizó que "lo más importante es que sea un inversor industrial y que por tanto conozca la producción de producción de aluminio primario", además de indicar que "el empleo es la prioridad".
Para el representante de la Xunta "lo mas importante es un plan industrial solvente que garantice la actividad industrial" y aseguró que espera conocer los potenciales inversores para "identificar la mejor solución posibles", sin facilitar nombre alguno de las firmas interesadas.
Conde añadió que, además de intentar establecer un "cuadro de ventas" y estudios de las "capacidades y potencialidades" de la planta coruñesa, la "clave" está en que el Gobierno central establezca un mecanismo para facilitar a las empresas grandes consumidoras de electricidad, como las productoras de aluminio primario, un abaratamiento de costes.
Al ser preguntado por si ese sector tiene un carácter estratégico, el conselleiro de Industria afirmó: "Si hay condiciones de igualdad de oportunidades de las empresas de producción de aluminio primario respecto a las -de otros países- europeas con las que competimos, Galicia tiene un valor añadido en producción de aluminio primario en su territorio en la medida en que estén establecidas en Galicia".
Conde indicó que Galicia constituye "uno de los principales polos de producción" de aluminio en Europa, apuntó que además de Alcoa están empresas como Cortizo, Extrugasa y Exlabesa, con "una posición de mercado muy importante" y un "peso muy importante de las exportaciones".
Por su parte, el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, afirmó tras la reunión con Conde que "se habla de inversores" que han mostrado "interés", pero "no hay propuestas concretas".
Apuntó que Galicia tiene actualmente una producción de cerca de 400.000 toneladas de aluminio al año y consideró que debería ser un sector "estratégico", ya que no solo "no está en declive", sino que tiene incluso un "aumento de la demanda de aluminio de 4 a 5 % a nivel mundial".
Según Corbacho, la producción de aluminio en España es insuficiente para cubrir las necesidades, y afirmó, acerca del destino de ese producto de las factorías gallegas, que "la mayor parte se consume en el país".
El "objetivo final", insistió el representante de la plantilla aluminera, es que el 30 de junio -fecha límite para la venta- "haya continuidad", toda vez que por ahora "hay interés por las plantas" por parte de "varios inversores", según recordó. "Con el borrador (del estatuto de la empresa electrointensiva), esperamos que sea más grande", resaltó Corbacho.
Más afectados por los ERE
El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) aumentó un 26,8% en 2018 en España (15.399 personas más) hasta los 72.896 afectados a nivel nacional -un 82,2 % más en Galicia-, principalmente por las suspensiones de contrato en el sector industrial.
De acuerdo a la Estadística de Regulación de Empleo publicada ayer por el Ministerio de Empleo, un total de 2.076 empresas iniciaron estas medidas el pasado año, 539 menos que en 2017, lo que equivale a una bajada del 20,6 %. Se contabilizaron 3.127 procedimientos, un 12,3 % menos que en 2017, de los que 65.222 finalizaron con acuerdo, el 89,5% del total, frente al 10,5 % que terminó sin acuerdo.
Por lo que respecta a las medidas, las suspensiones de contrato afectaron a 49.329 trabajadores, lo que supuso 21.072 más que un año antes (74,6 % más), mientras que los despidos colectivos alcanzaron a 19.957 personas, 856 menos (4,1 % menos) y las reducciones de jornada a 3.610, 4.817 menos (-57,2 % inferior).
Por sectores, la industria fue la que mayor número de afectados por estas medidas tuvo con 45.000 personas implicadas (un 80 % más) que en su práctica totalidad respondieron a suspensiones de contrato. Los servicios contabilizaron 25.175 afectados (10,6 % menos); la construcción, 1.578 (54,3 % menos); y la agricultura, 1.143 (14,9 % más).
El responsable autonómico de Industria, Francisco Conde, se refirió también a la situación de Ferroatlántica, en proceso de negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal para todas sus plantas en España, incluidas las dos gallegas de Sabón y Cee-Dumbría. El conselleiro ratificó que el Gobierno gallego mantendrá su posición contraria a la segregación de las actividades hidroeléctrica y de ferroaleación -que había sido solicitada por la firma de Villar Mir para poder vender las centrales de A Costa da Morte-. "Si hay incumplimiento, la Xunta actuará en consecuencia", avisó Conde en relación a la exigencia de "cumplimiento estricto" de la concesión que tiene la empresa. Conde añadió que el objetivo en este caso también es "revertir" la situación que ha llevado a la compañía a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal.
La plantilla de Poligal pide mediación política
Por otra parte, la plantilla de Poligal participó ayer en una manifestación en Narón para denunciar la intención del grupo Perelada de presentar un concurso de acreedores y despedir al centenar de empleados. El comité de la empresa que fabrica film de polipropileno reclama mediación política.
