La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó ayer que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es "prejuzgar enormemente" el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y "está muy lejos todavía de la realidad". Alcoa, que ahora deja de producir aluminio primario en A Coruña y Avilés, recibió 1.000 millones en ayudas para abaratar sus costes de electricidad en los últimos diez años
"Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad", respondió Ribera a las preguntas de los medios en el marco de la reunión de ministros de Medio Ambiente en Bruselas. La CE y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para "reorientar" estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta a la etapa del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El Gobierno mantiene que está "trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo" que sean "compatibles" con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
Alcoa ha sido el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, ya que abarcaba aproximadamente el 30% de las ayudas para sus plantas de A Coruña, Avilés y San Cibrao. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos diez años.
El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. En particular, este análisis se centró en once Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con cuatro es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.
En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en noviembre de 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos once países. Las ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.
