En cualquier momento, los más de 1,8 millones de gallegos con contrato de suministro de electricidad recibirán un aviso por el incremento del recibo, sin que esta vez el problema venga del discutido funcionamiento del mercado mayorista donde cotiza diariamente el kilovatio. "Los peajes de acceso de energía eléctrica forman parte del precio de la electricidad y están destinados a cubrir diferentes partidas de costes del sector eléctrico con retribución regulada. Entre otros, cubren el coste de las actividades de redes (transporte y distribución de energía eléctrica) y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen primado". Así empezará la nota informativa que distribuidoras y comercializadoras deben enviar a hogares y empresas tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que formaliza, cinco años después de que el Tribunal Supremo instara por primera vez a hacerlo, el encarecimiento pendiente de la luz para repercutir en los clientes de cada comunidad los tributos propios que el sector paga en ese territorio.

Galicia será la autonomía más afectada. Del bolsillo de los consumidores saldrán los 37,6 millones de euros -casi 16 euros de media por cliente- vinculados al canon eólico y el de los embalses y a la parte proporcional que las eléctricas asumen del canon de saneamiento y el impuesto sobre contaminación atmosférica.

En esos peajes a los que se refiere el modelo de carta elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, habitualmente conocidos como la parte fija de la factura, había que incluir en 2013 un suplemento territorial para compensar el sobrecoste de las compañías eléctricas por los impuestos creados por los Ejecutivos regionales. ¿Por qué? Aunque la posibilidad de crear un suplemento territorial se remonta mucho tiempo atrás, fue eso, una opción, hasta que la polémica reforma energética del Gobierno del PP la convirtió en obligatoria para evitar que los consumidores de una comunidad acabaran pagando más por los impuestos de una región que no es la suya.

Pero no se hizo. El sector acudió a los tribunales. Y el Supremo dio la razón a las empresas.

El cumplimiento de la sentencia se ha ralentizado tanto, que incluso el alto tribunal llegó a amenazar hace meses con multas a altos cargos del ministerio. La administración central echó la culpa a la falta de colaboración de las autonomías para conocer los impuestos afectados y la recaudación conseguida. La Xunta nunca ocultó que estaba en desacuerdo, a pesar de que en diciembre de 2008 los populares usaron la amenaza de los suplementos territoriales para oponerse al canon hidroeléctrico impulsado por el bipartito del PSOE y el BNG.

La Xunta ya recurrió una orden previa que, precisamente, habilitó un mecanismo especial para conseguir los datos que las autonomías se negaban a dar. Esgrime que los suyos no son impuestos a la producción eléctrica, sino medioambientales. La normativa de los suplementos territoriales, sin embargo, no hace diferencia alguna en la naturaleza de los gravámenes y, como insiste la orden publicada ayer en el BOE, afecta a todas las actividades de "transporte de energía eléctrica, distribución y producción" con fuentes renovables, cogeneración y residuos.

Desde la entrada en vigor hoy de la medida, las empresas distribuidoras deberán comunicar a las firmas comercializadoras -con las que el cliente firma el contrato-las cantidades de la refacturación antes de seis meses. En Galicia, según los datos de Transición Ecológica, son 34,7 millones de euros en impuestos pagados y casi 3 millones más por los intereses generados desde 2013. Para los clientes con un recibo medio de 600 euros anuales en Galicia, la cantidad a pagar será 15,75 euros. Al ser superior a dos euros, la orden permite fraccionarlo en cantidades superiores a un euro en un máximo de 12 recibos.