Galicia sumó el año pasado cerca de 20.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y redujo en 2,7 puntos la tasa de paro. A excepción del pinchazo del empleo autónomo, la mejora del mercado laboral permitió un incremento de la recaudación por cotizaciones —hasta noviembre, sin contar con las mutuas— de 210 millones de euros. Ahora bien, se han vuelto a poner de moda unas siglas que, durante lo peor de la doble recesión, impactaron sobre más de 60.000 trabajadores en la comunidad, y en otras 1,3 millones de personas en toda España: las de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Solo las últimas solicitudes presentadas —ya validadas o en negociación— han puesto en el aire la continuidad de más de 2.000 puestos de trabajo; el año pasado por las mismas fechas los afectados por ERE no llegaban a los 830.
"La crisis económica facilitó los despidos en las compañías; el problema es que ahora se siguen utilizando las herramientas de entonces para un uso perverso, es decir, para maximizar los beneficios empresariales a costa de la precarización de los trabajadores", señala Fran Cartelle, secretario confederal de empleo de la CIG. De la misma opinión es Roi Fernández, responsable de salud laboral de CCOO, para quien "resulta difícil de explicar los ajustes de plantilla en entidades financieras de beneficios millonarios o en firmas como Vodafone, que no se corresponde con una empresa en quiebra".
En A Coruña los casos más llamativos corresponden a la llamada industria electrointensiva, con Ferroatlántica y Alcoa a la cabeza. La diferencia entre ambas radica en que la compañía de ferroaleaciones comenzó a aplicar el pasado 1 de marzo un ERE temporal de dos años que afecta —de forma rotatoria y con reducción de jornada— a cerca de 400 empleados de Cee-Dumbría y Sabón. En el caso de la aluminera, esta depende de que encuentre un inversor antes del 1 de julio: de no darse este supuesto el 70% de sus 375 trabajadores coruñeses perderían su empleo en la fábrica de A Grela. "Resulta evidente que tampoco podemos meter a todos los sectores en el mismo saco: la industria de gran consumo está pagando caro el precio disparado de la luz y la inexistencia de una política energética", sostiene Cartelle. "Urge un marco legal estable", corrobora Fernández.
A los casos de Alcoa y Ferroatlántica se suman los 76 empleados de Isowat también en A Coruña, afectados por un ERE temporal de tres meses, y los 400 trabajadores a los que PSA Vigo ha aplicado un ERE temporal, por lo que la actividad industrial constituye la más afectada en la comunidad gallega. El de mayor impacto laboral, sin embargo, es el de Bosch Communication Center de Vigo, donde trabajan más de 2.500 personas. La compañía prescindió ya de unos 200 efectivos subcontratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), y ha formulado un ERE temporal de entre 15 días y dos meses para otras 650 personas. Las previsiones de actividad de Vodafone, uno de sus principales clientes, determinará si la continuidad o no de esta medida de ajuste. La firma de telefonía prescindirá, por su parte, de 75 empleados en la comunidad gallega, y en este caso sí lo hará a través de un ERE extintivo (despidos).
Este duro arranque del año continúa la tendencia del último tramo de 2018. Solo en diciembre los expedientes afectaron a 3.671 trabajadores, más que durante todo el ejercicio de 2017. En el cómputo anual los ERE se ejecutaron sobre 6.083 personas, lo que representa un incremento del 82%, tres veces superior a la media española. La inmensa mayoría de los afectados fueron sometidos a medidas de suspensión, temporales, aunque se firmaron cerca de un millar de despidos (ERE de extinción). Es el tipo de medida que amenaza la continuidad de 145 empleos gallegos de la cadena de alimentación DIA, en situación de quiebra técnica —pendiente de una ampliación de capital— y en medio de una guerra accionarial. También la de las 205 trabajadoras de Maderas Iglesias (casi todas son mujeres). En este caso la dirección plantea un expediente temporal de un año de duración, pero es el noveno que ha ejecutado en nueve años y la viabilidad del grupo, que llegó a ser líder en la fabricación de tarima flotante en España, no está garantizada.
De extinción será también el ERE con el que Banco Santander reestructurará su red tras haber asumido el negocio de Banco Popular (y Pastor). Fuentes sindicales han cifrado su impacto en unas 3.000 personas en toda España, además del cierre de más de un millar de oficinas. Las negociaciones no han arrancado y se desconoce, de momento, cómo afectará a los empleados gallegos.
También en el segmento bancario, el expediente planteado por CaixaBank supondrá el despido de unas 65 personas en la comunidad. Ayer, la dirección de la entidad decidió poner en marcha el calendario de negociación formal del último plan de ajuste de la plantilla, que arrancará el 1 de abril y finalizará 30 días más tarde. La representación de la plantilla exige a la dirección del banco que renuncie a hacer despidos forzosos si no se cubren voluntariamente las 2.157 extinciones de contrato previstas en el ERE.
Los sindicatos tienen claro que el empeoramiento de las condiciones salariales perjudica al conjunto de la economía. "Las pensiones no se pagan con la precariedad laboral", asegura Cartelle. La solución, a corto plazo, pasa por "derogar la reforma laboral y establecer un mayor control sobre los ERE, dado que se aplican con demasiada facilidad", asegura Fernández.
Reforma laboral
En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, insistieron ayer en que todavía quedan suficientes consejos de ministros para concretar la derogación de la reforma laboral. Las centrales están dispuestas a trabajar para promover el consenso político que saque adelante un real decreto en la Diputación Permanente del Congreso.
También recordaron que el pasado mes de diciembre se llegaron a cerrar textos en las mesas del diálogo social en lo referente a la recuperación de la ultraactividad, prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa y para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. "En su momento, instamos al Gobierno a que transformase estos textos en un decreto y a que negociara una mayoría parlamentaria para que este decreto fuera aprobado y los sindicatos nos emplazamos a facilitar el acuerdo político que reformase la reforma laboral", señalaron.
Para Álvarez, estos nueve meses de Gobierno de Sánchez tienen "nubes y sombras". Sordo, por su parte, afirmó estar "profundamente decepcionado" porque ni la reforma laboral ni la de pensiones se modificaron en una sola coma o punto. "Eran las dos grandes reformas estructurales que había que modificar", apuntó. No obstante, admitió que las organizaciones sindicales eran conscientes de que no podían pedir al Gobierno que ganase una votación con 84 diputados: "No se podía exigir la victoria parlamentaria, aunque pensamos que se daban las condiciones".
