El Ministerio de Transición Ecológica confirmó ayer que prepara la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad, la cual se celebrará en mayo y estará vigente en el segundo semestre de este año.
El departamento de la ministra Teresa Ribera entiende esta decisión como una medida de apoyo a la industria de gran consumo energético, en particular a compañías en problemas como Alcoa, cuya viabilidad depende de encontrar un inversor antes del 1 de julio.
La iniciativa resulta inesperada y más después de que el Ministerio recibiese una amonestación de la UE tras la anterior subasta de diciembre al considerarla un sistema público de ayudas encubiertas a las empresas. El Gobierno sostiene que la puja de mayo será "la última con el sistema normativo actual".
La subasta de interrumpibilidad se basa en que las fábricas adjudicatarias reduzcan o suspendan su consumo de energía cuando el sistema no logre atender la demanda, o cuando salga más barato recurrir a este recurso que dar entrada al pool eléctrico a fuentes de generación más caras -para abaratar la factura del consumidor final-, a cambio de compensaciones, con lo que reducen su factura energética.
En diciembre, Alcoa percibió 21 millones de euros en incentivos eléctricos. En conjunto, las ayudas de interrumpibilidad para los seis primeros meses de 2019 ascendieron a 202 millones, un significativo recorte sobre la anterior subasta de 350 millones y menos de la mitad de los más de 500 millones que recibían en años anteriores.
Aún así, la aluminera obtuvo en torno a mil millones de euros en las subastas de interrumpibilidad celebradas en España en la última década, según fuentes del sector.
En paralelo a esta nueva convocatoria, el Ministerio de Transición Ecológica trabaja junto a Industria con la otra gran herramienta de la que depende en buena medida la llegada de un comprador para Alcoa: la elaboración del estatuto electrointensivo, una marco legal que impulse la competitividad de las empresas con una alta dependencia energética.
El ministerio confirmó ayer que el estatuto distinguirá dos tipos de usuarios, el electrointensivo y el hiperelectrointensivo en función de la energía que consumen respecto al valor añadido bruto de su producción. El compromiso del Gobierno es materializar el estatuto a través de un real decreto en abril, antes de las elecciones convocadas para el 28 de ese mes. Los trabajadores de Alcoa están inquietos con el plazo marcado por el Ejecutivo. "El borrador del estatuto ya tenía que estar publicado a principios de esta semana, dado que el periodo de exposición pública se prolonga durante quince días y aún debe superar la supervisión de la CNMC y de la Abogacía del Estado", asegura el presidente del comité de empresa de la planta de A Grela, Juan Carlos López Corbacho. "Los plazos se están acortando demasiado y no tenemos tiempo", comenta Corbacho antes de recordar que 700 empleos directos -375 en A Coruña y 313 en Avilés- dependen de encontrar un comprador para Alcoa antes del próximo 1 de julio.
Los trabajadores quieren presionar a los partidos para que "todos se impliquen en buscar una solución" y "no se descentren utilizando Alcoa como arma arrojadiza en campaña electoral". Para ello han convocado una concentración para el jueves 28 de marzo ante el Congreso de los Diputados. Los representantes sindicales solicitarán reuniones con todos los grupos parlamentarios para explicar la importancia que tiene para su futuro la creación del estatuto electrointensivo y arrancarles su compromiso para hacer viables las plantas de A Coruña y Avilés.
