20 de marzo de 2019
20.03.2019

CC.OO. lamenta que la propuesta del Gobierno para la industria electrointensiva "no aporte soluciones"

Critica que no garantice una partida del Presupuesto en función de los ingresos de CO2

20.03.2019 | 16:33

CC.OO. de Industria considera que el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, presentado recientemente por el Gobierno a consulta pública, "no aporta soluciones", además de "plantear indefiniciones e incertidumbres muy preocupantes para el sector".

El sindicato entregará durante los próximos días sus aportaciones al borrador, al considerar "que se olvida de los consumidores hiperelectrointensivos", ya que ni los define ni los regula, limitándose a explicar que son aquellos consumidores en los que el coeficiente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la empresa titular de la instalación sea superior a 2,5 euros por KWh.

Tras analizar el borrador, CC.OO. también lamenta que el texto no mencione los costes derivados de los peajes de transporte y distribución, a los que el sindicato califica de "uno de los caballos de batalla del precio de la energía".

Además, critica que tampoco diga nada sobre el impuesto eléctrico. "Si se compara con los que fijan los países competidores (Francia, Italia y Alemania), la industria española no sale muy bien parada", matiza el sindicato en un comunicado.

Entre el resto de incertidumbres, CC.OO. cita que el Ministerio de Industria no garantiza una partida del Presupuesto en función de los ingresos de CO2, tal y como lo regula la Unión Europea, y que se limite a asegurar que la compensación de los costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

A CC.OO. tampoco le parece suficiente la implicación del Estado, ya que cree que debería dar una garantía de viabilidad y seguridad al contrato, porque existe una gran diferencia económica entre las subastas de renovables con el precio suelo y el precio de compra en el 'pool' eléctrico. Para que los contratos bilaterales (PPAs) sean atractivos, tanto para los compradores como para los generadores, CC.OO. propone que la implicación institucional sea mayor.

Críticas de la industria

Tan solo un día después de que el Gobierno presentase el borrador, la multinacional de aluminio Alcoa, inmersa ahora en un expediente de regulación de empleo para sus plantas de Asturias y A Coruña, también criticó el texto, al considerarlo "insuficiente e incierto" para la industria del aluminio en España.

De hecho, Alcoa manifestó que si las medidas propuestas por el Ejecutivo en esta materia se limitan a las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, también estaría en riesgo su planta de aluminio primario de San Cibrao, en Lugo, la única que está exenta del ERE.

Para la compañía, este borrador "no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesaria en España para su sostenibilidad", ya que mantendría un "significativo diferencial" en el coste de energía respecto a los demás países competidores.

Exención del 100% de los pagos por capacidad

El texto propuesto por el Gobierno, publicado en la página web del Ministerio de Industria, contempla las obligaciones y compromisos para las compañías en términos de eficiencia energética, I+D+i, sustitución de fuentes contaminantes y empleo, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos.

Entre dichos mecanismos se encuentran la exención de los pagos por capacidad, de hasta el 100%, para los consumidores que además tengan la condición de interrumpibles, y del 70% para el resto, así como la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero.

También se recogen medidas como la implementación de nuevos coeficientes de pérdidas estándar de energía imputables que resulten del estudio que en seis meses realice el operador del sistema eléctrico (REE), así como el fomento de la contratación bilateral a largo plazo, en especial con generadores renovables no incluidos en el régimen retributivo específico, o la exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores que sean proveedores efectivos de este servicio.

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