La Xunta alegará al estatuto de electrointensivos en consenso con la industria gallega

A preguntas de la prensa este miércoles en A Coruña, Conde ha criticado la actuación del Gobierno que lleva a la industria gallega a una "situación límite", ya que "no solo se pone en riesgo la situación de la planta de Alcoa en A Coruña, sino que se extiende ese riesgo a la planta de Alcoa en San Cibrao y al conjunto de empresas electrointensivas".

Censura que el texto del Ejecutivo central está "lleno de incumplimientos" respecto a las propuestas realizadas por la Xunta y las compañías electrointensivas, dado que no se establece un marco "estable" y competitivo "en igualdad de condiciones" al resto de Europa.

De tal modo, sostiene que "necesita claramente de una revisión", de forma que la Xunta se va a "coordinar" con las empresas para "buscar un documento de consenso", al tiempo que pide que se impulsen otras medidas de carácter legislativo.

REBAJAS DE PEAJES Y FISCALIDAD

En este sentido, Francisco Conde considera "fundamental" que el Gobierno dé luz verde a un decreto para la reducción de peajes y fiscalidad, con mecanismos de compensación de dióxido de carbono. Señalan que son propuestas "perfectamente asumibles", "contrastadas" en otros países como Francia y Alemania.

Entre otras cuestiones, se queja de que no hay una "categorización" de empresas, dado que no se regula a las empresas hiperelectrointensivas, lo que "podría dar una solución a Alcoa y a Ferroatlántica".

Por todo ello, emplaza al Ministerio de Transición Ecológica a "tomar el liderazgo", a la vez que insta a la "voluntad política real del Gobierno" para dar "una solución real" a Alcoa y otras empresas. Y es que recrimina que su "inacción" pone "en riesgo 10.000 empleos" entre la industria siderúrgica y forestal, con cuestiones como el futuro de Ence.

EL PRINCIPADO TAMBIÉN ALEGARÁ

El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado este miércoles que presentará alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó a información este lunes, al entender que ofrece aportaciones "positivas" pero "manifiestamente insuficientes".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, remarcando que el Ejecutivo autonómico analizará exhaustivamente el documento y presentará las alegaciones "en tiempo y forma", dentro del plazo que finaliza el miércoles de la próxima semana.

Pola, que ha comparecido con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha adelantado que uno de los aspectos esenciales de las alegaciones será el relativo a la compensación de costes indirectos de CO2, al entender que se debe tratar de "aprovechar al máximo" el marco normativo de la UE para "incrementar la dotación".

El consejero de Industria, que se ha reincorporado tras ser intervenido de una lesión en una pierna, incide en que entre otros aspectos, la compensación de costes es "uno de los capítulos que puede ayudar de habilitar "un escenario estable, predecible y competitivo" para las industrias electrointensivas en un mercado global.

Del mismo modo, Guillermo Martínez ha resaltado la relevancia que disponer de ese marco que ofrecerá el Estatuto supondrá para el futuro industrial de Asturias.

Al respecto, Isaac Pola ha apuntado que la postura del Principado "es conocida desde hace ya mucho tiempo" con el objetivo de habilitar medidas para que el sector industrial tenga un suministro eléctrico "competitivo, estable y predecible".

Para el consejero, el proyecto del Ejecutivo incluye medidas "positivas" como exenciones o la fórmula de contratos a largo plazo del suministro eléctrico, que añaden "beneficios a lo actualmente disponible".

Entre dichos mecanismos se encuentran la exención de los pagos por capacidad, de hasta el 100% para los consumidores que además tengan la condición de interrumpibles, y del 70% para el resto, así como la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el Gobierno asturiano entiende que se deberían "apurar al máximo" las posibilidades de dotación para las compensaciones de costes indirectos por encima de los 100 millones, aunque sin entrar en cifras, para tratar de "paliar en términos de balance neto un precio final competitivo".

Asimismo, Pola ha comentado que el hecho de que esa partida sea la única con reflejo en los Presupuestos y haya prórroga "no facilita el asunto", aunque se ha mostrado cauto hasta que se disponga de la "versión definitiva" tras el periodo de alegaciones.

Por otra parte, el consejero de Industria ha rehusado analizar las manifestaciones de Alcoa contra el proyecto y los riesgos para su planta de Lugo, señalando que tras una actitud "poco positiva" de la multinacional al inicio del proceso sobre el futuro de sus plantas en Avilés y A Coruña, participa en la comisión conformada por las administraciones y representante sindicales para garantizar la actividad de ambas fábricas y la búsqueda de posibles inversores.

Igualmente, ha confirmado que el Gobierno asturiano ultima las alegaciones al marco estratégico de energía y clima para defender que es "perfectamente compatible" la consecución de los objetivos para el conjunto de la UE con horizontes temporales en 2030 y 2050 "con un escenario adecuado para la actividad industrial".

"Asturias tiene un perfil energético e industrial tan singular que debe seguir un camino adaptado a esa realidad de partida", remarca, reclamando que esos caminos "no sean lesivos ni precipitados".

EL DELEGADO DEL GOBIERNO PIDE "TRANQUILIDAD"

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha pedido hoy “tranquilidad” a las empresas y trabajadores ante el borrador del estatuto de consumidores electrointensivos publicado por el Ejecutivo central, ya que “todavía se pueden hacer sugerencias y propuestas para mejorar" el texto inicial.

El citado estatuto es una de las reivindicaciones del sector y de empresas como la multinacional del aluminio Alcoa, que anunció el pasado año la intención de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés y despedir a cerca de setecientos trabajadores.

El documento prevé "garantizar la estabilidad y la seguridad de los trabajadores y los empleos y el futuro de las empresas”, indica Losada en un comunicado, y reitera el compromiso del Gobierno central en buscar una alternativa para las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés antes del 30 de junio.

Losada también ha apelado a la “lealtad y colaboración” de la Xunta de Galicia y ha emplazado a las empresas a aportar propuestas “para encontrar el mejor marco posible dentro del propio marco que establece la Unión Europea (UE)” sobre el consumo energético.

El representante del Gobierno subrayó que el procedimiento es por la "vía de urgencia" y el texto "está en exposición pública para aportaciones" que permitan mejorar la iniciativa.

El delegado del Gobierno en Galicia ha demandado a la Xunta “más implicación”, mediante el establecimiento de diálogo entre las partes para favorecer una solución “de la misma forma que se está haciendo en Asturias”.

Losada asegura que el Gobierno tiene “el compromiso de Alcoa para buscar una alternativa hasta el 30 de junio y hay ofertas sobre la mesa para tener esa alternativa; ahora toca mantener la calma y trabajar como hace el Gobierno para cumplir sus compromisos y seguir remando juntos para alcanzar una solución”.