El impacto real de las medidas que ha propuesto el Gobierno central para rebajar la factura eléctrica de las grandes industrias -Alcoa, Ferroatlántica, Megasa, Celsa Atlantic, entre otras compañías con fuerte implantación en la provincia coruñesa- apenas aligera la desventaja que tienen los centros productivos en España frente a los competidores foráneos, incluidos los de los principales países europeos. El sector electrointensivo ha hecho un primer cálculo según el cual la diferencia entre los precios que paga aquí y los de Francia y Alemania se reduciría como mucho en el 10% (dos euros sobre una diferencia de veinte o veinticinco en el coste del megavatio/hora), resultado que está lejos de resolver los problemas de competitividad que tienen los grandes consumidores industriales de energía y de atajar el riesgo deslocalizaciones.
Esa opinión, expresada por el lobby que reúne a las principales empresas afectadas (la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía, Aege), fue compartida ayer por la Xunta y la mayor parte de los partidos y sindicatos gallegos. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró ayer que está en contacto con las empresas electrointensivas de la comunidad para presentar alegaciones al borrador de estatuto divulgado el lunes por el Gobierno central. Conde plantea como "elementos fundamentales" rebajar los peajes y la fiscalidad. El futuro de la industria de gran consumo energético estará en el foco del debate en la próxima sesión plenaria del Parlamento de Galicia, en la que el PPdeG presentará una iniciativa para que los grupos de la Cámara "alcen la voz" contra el proyecto de real-decreto. En este sentido, el BNG señaló que la propuesta "lejos de aportar soluciones trae aún más incertidumbre" y En Marea lo calificó de "tomadura de pelo".
Las centrales sindicales, por su parte, también presentarán alegaciones al borrador presentado por el Ejecutivo central a consulta pública. CCOO lamenta que el texto no mencione los costes derivados de los peajes de transporte y distribución, "uno de los caballos de batalla del precio de la energía".
Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, califica las medidas de "tremendamente insuficientes" por carecer de "una tarifa industrial estable", establecer "unas obligaciones con el empleo ridículas" y repercutir la financiación de los costes en los consumidores.
Al igual que CCOO, la CIG sostiene que el borrador se olvida de los consumidores hiperelectrointensivos. Otro de los capítulos que genera unanimidad de la crítica tiene que ver con la compensación de los costes indirectos de CO2, el fondo estatal que la UE permite distribuir entre las empresas para paliar los sobrecostes eléctricos asociados a la política ambiental.
El compromiso presupuestario que ofrece el Ministerio de Industria (76 millones en 2019 y la posibilidad de llegar a 100) queda muy lejos de las expectativas fijadas por las empresas electrointensivas españolas. Según las reglas de la Unión Europea, España estaría autorizada a asignar por encima de 200 millones de euros a ese objetivo, procedentes de los ingresos del país por la subasta de derechos de CO2 (los que deben comprar las eléctricas y otras empresas para emitir). En este apartado, el lobby de las grandes industrias demanda más fondos de compensación y también un mecanismo que aporte certeza al reparto, ahora condicionado por los vaivenes presupuestarios. La asociación Aege reconoce que la elaboración del estatuto eléctrico "es por sí misma un avance, porque nos dota de un marco normativo y se aprecia voluntad política", señaló a este diario Fernando Soto, director general de la asociación. Pero añade a renglón seguido: "El impacto real de las dos únicas medidas nuevas que se concretan es mínimo".
El directivo que actúa como portavoz de la industria se refiere a las propuestas de eximir en unos casos y rebajar en otros hasta el 70% de los pagos por capacidad y de exonerar también a parte de las empresas de costear el servicio de interrumpibilidad. Se trata de dos de los cargos que van a la factura eléctrica y que fija el Gobierno. Esas medidas, argumenta Aege, "suponen un descuento inferior a dos euros por megavatio/hora, muy lejos de los 20 o 25 euros" de diferencia que existe entre el precio que pagan las empresas españolas y el que tienen sus competidoras de Francia o Alemania. Según datos de la oficina estadística de la UE que se reproducen en el gráfico adjunto, el precio medio para consumos industriales altos es en Francia un 30% menor que en España.
Aege sugiere, para atajar esas diferencias, rebajar los peajes de transporte eléctrico que paga la industria y liberarla de los cargos que retribuyen a los productores renovables. La suma de ambas medidas supondría una rebaja de 14 euros por megavatio/hora, que tendría que ser sufragada por el resto de consumidores o vía impuestos.
