El Gobierno aprobó ayer un real decreto que establece un precio máximo mensual de tres euros o la gratuidad de las cuentas bancarias básicas y el acceso a una tarjeta para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. En palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño, se da así un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a servicios financieros que se consideran esenciales para participar en la actividad económica. "No hay inclusión social sin inclusión financiera", indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea. El coste máximo de esta cuenta no podrá superar los tres euros al mes, en línea con el de otros países europeos, y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales. Sin embargo, las personas vulnerables tendrán acceso gratuito a este tipo de servicios "para que nadie se quede fuera del sistema financiero", agregó Calviño. Para determinar si una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem).

"El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita", resumió la titular de Economía. Las entidades tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación. En el plazo de 12 meses el Ministerio de Economía y Empresa realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.