Más de 300 trabajadores de las tres fábricas de aluminio de Alcoa en España „la mayoría, de A Coruña y Avilés„ se concentraron ayer ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, para exigir al Gobierno un nuevo marco eléctrico que haga viable la gran industria y evite el cierre de las plantas. En la protesta, que obligó a cortar el tráfico en la carrera de San Jerónimo, un trabajador coruñés fue detenido tras un enfrentamiento entre manifestantes y Policía.
El borrador del estatuto de la industria electrointensiva industria electrointensiva publicado por el Ejecutivo la pasada semana ha decepcionado a patronal y sindicatos y ha caldeado los ánimos entre los 400 empleados directos de la aluminera en A Coruña y los 300 de Avilés „que dependen de la venta de ambas factorías para evitar el despido colectivo„, a los que se han sumado los 1.300 de San Cibrao (Cervo), que según la propia Alcoa están "en riesgo" por el precio elevado e inestable de la energía. En este clima, con el plazo de alegaciones abierto y en un contexto preelectoral, el Gobierno y los partidos políticos de la oposición se enzarzaron ayer en un cruce de acusaciones con los trabajadores de por medio.
Antes del inicio de la protesta, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, cuestionaba la reclamación de la industria electrointensiva al advertir de que "todo incentivo que se les aplique deberán pagarlo los demás consumidores". Abascal también rebatió el argumento de la competencia internacional, al segurar que el precio de la electricidad que pagan las grandes industrias en España es similar al de otros países europeos. "El sistema eléctrico tiene que estar económicamente equilibrado, y aunque sea un poco complicado decirlo, entre todos tenemos que pagarlo; eso quiere decir que cualquier excepción implica una financiación por parte del resto de los actores, algo que debe ser tenido en cuenta con gran atención", declaró.
Por su parte, el Ministerio de Industria defendió ayer las ayudas de 91 millones de euros a la industria electrointensiva que aprobará hoy en Consejo de Ministros como una forma de "hacer viable la producción de aluminio", sea en Alcoa o en "los proyectos que pueden venir en torno a Alcoa", en palabras del secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco. Estas compensaciones indirectas de costes de emisiones de CO2 „que establece la Unión Europea„ no son suficientes para dar competitividad según el sector.
A la concentración acudió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que emplazó a la ministra Maroto a encontrar una solución antes de junio, cuando se agota el plazo para vender las plantas y evitar el ERE. Dirigentes de PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y Foro Asturias también apoyaron a los concentrados. Pasadas las 12.00 horas, los manifestantes intentaron traspasar las vallas que rodeaban la carrera de San Jerónimo y la Policía cargó contra varios trabajadores. En el tumulto se produjeron empujones entre policías y trabajadores y varias personas acabaron reducidas en el suelo por parte de los agentes, con el cordón policial sobrepasado y vallas derribadas. Un trabajador de la factoría de A Grela fue detenido y llevado a tomar declaración a la sede de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Moratalaz. Tras finalizar la concentración, sobre las 13.30 horas, una delegación de trabajadores acudió a Moratalaz a reclamar la puesta en libertad de su compañero y a esperar su salida de comisaría. El detenido fue puesto en libertad. Además, la Policía identificó al presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, y al secretario general de Industria de CCOO de Galicia, Víctor Ledo, tras preguntarles si habían acudido a la concentración frente al Congreso.
Entre las personas reducidas se encontraba también Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, que reclamó al Gobierno "que rescate ya" las fábricas de aluminio y modifique un estatuto "que no sirve para resolver el problema que tiene Alcoa". "El Gobierno está para salvar empresas y no para cerrarlos", apostilló su compañero Rafa Mayoral. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lamentó que el Ejecutivo se muestre "rendido ante la multinacional".
Podemos condenó ayer "la brutalidad policial" contra los trabajadores de Alcoa, en palabras de la eurodiputada asturiana Tania González. La diputada gallega de En Marea Yolanda Díaz lamentó la carga policial y censuró al Gobierno socialista: "Ha dado instrucciones para que aquí nos golpeen", dijo, al tiempo que defendió que los manifestantes "son trabajadores y no delincuentes".
El secretario general de Industria de CCOO, Agustín Martín, que también fue golpeado, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir". "A día de hoy estamos peor que hace cuatro meses", sin garantía de inversores para comprar las plantas de Alcoa, criticó (Industria ha trasladado a Alcoa una lista de ocho interesados).
Bajo una pancarta con el lema Por una tarifa energética competitiva y con tracas de petardos, los trabajadores corearon cánticos como "Échale huevos, Pedrito, échale huevos" o "ministra Maroto, no nos vendas la moto".
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, trasladó su "total apoyo" a la plantilla aluminera. Ciudadanos, por su parte, destacó que Alcoa es "un polo industrial esencial" y urgió un proyecto "sólido" que garantice el empleo. El diputado de En Marea Pancho Casal, afín a Luís Villares, criticó "la sobreactuación de algunos políticos profesionales", tras los incidentes de candidatos de En Común Podemos con la Policía.
La exigencia de una regulación energética que impulse la gran industria y su empleo se escuchó también ayer ante la fábrica de Ferroatlántica en Sabón (Arteixo), donde la CIG convocó una concentración por el estatuto electrointensivo. La central sindical organiza una nueva protesta para las 8.30 horas del lunes ante el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago, coincidiendo con una visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto. El 26 de abril la movilización será en Alcoa San Cibrao.
