El expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de dos años de duración que afecta a los 550 empleados directos de Ferroatlántica en España „400 de ellos en Galicia„ cumplirá su primer mes de vigencia pendiente de aplicación. El tiempo del ERTE comenzó a contar el pasado día 1, pero ningún trabajador ha ido al paro por el momento y la plantilla desconoce cuándo comenzarán los despidos temporales. La situación coincide con la tramitación del nuevo marco energético industrial. Cerrada la fase de alegaciones, el Gobierno prevé aprobar el estatuto de la industria electrointensiva „llamado a salvar Alcoa„ en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Ferroatlántica achaca el ajuste de plantilla al problema eléctrico, por lo que la plantilla mantiene la esperanza de que la multinacional de ferroaleaciones retire el ERTE si el Gobierno garantiza un precio de la luz competitivo y estable.
"Si hubiera un marco energético estable sería ilógico seguir adelante con el ERTE", argumenta el portavoz del comité de empresa de Ferroatlántica en Sabón (Arteixo), Francisco Blanco, quien lamenta que el precio del megavatio (MW) se haya disparado a 60 euros en la última década, desde los 35-40 euros en los que resulta competitiva la producción. La consecuencia ha sido una reducción de la producción de Ferroatlántica en España (donde tiene tres plantas: Sabón, y Cee-Dumbría, en Galicia, y Boo, en Cantabria), en favor de localizaciones que ofrecen la luz más barata a la industria. Según los datos que maneja el comité, las plantas de misma compañía en Francia pagan el MW a 20 euros, un tercio de lo que les cuesta en España.
Antes de firmar el ERE, la multinacional de ferroaleaciones ya redujo la producción en sus dos fábricas coruñesas. Paró un horno en Sabón „dejando la actividad al 33%„ y dos en Brens (Cee). El desencadenante fueron los malos resultados en la subasta de primas eléctricas de diciembre, que dispararon sus costes „la luz supone hasta el 40% del gasto de las electrointensivas„ en un momento en el que además han caído las ventas por la debilidad del mercado internacional de ferroaleaciones.
Los 300 empleados directos de Ferroatlántica en Cee-Dumbría y los 120 de Sabón tienen la vista puesta en el nuevo marco eléctrico que tramita el Gobierno y en los incentivos eléctricos que se subastarán en junio para el segundo semestre del año. La planta cántabra, sin embargo, ha mantenido su nivel de fabricación. El sindicato CIG achaca esta diferencia a la decisión de la empresa del grupo Villar Mir de "castigar a Galicia" por el veto de la Xunta a la venta de sus centrales hidroeléctricas, recurrido en vía judicial. El comité de empresa de la planta de Cee-Dumbría también desconoce cuándo se empezará a aplicar el ERTE a sus 300 trabajadores y lamenta no recibir "ninguna respuesta de la dirección de la empresa", en palabras de Suso Casais.
Sobre el estatuto, cuyo borrador ha decepcionado a patronal y sindicatos, los trabajadores de Ferroatlántica piden una rebaja del 90% en los peajes eléctricos, que se definan ya las compensaciones por CO2 de 2019 y bajar al 7% el impuesto a la producción. Son algunas de las alegaciones presentadas para adaptar el marco eléctrico a las necesidades de la industria. "Que hagan un corta-pega de la regulación francesa", resume Francisco Blanco.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Gobierno que "no frivolice" con sus decisiones ni "juegue" con la industria porque "cuesta mucho construir una industria y muy poco destruirla". En referencia a la situación de Alcoa y Ence, demandó del Gobierno central "sensibilidad" y "respeto" hacia la actividad industrial gallega, por la que ha dicho sentir "preocupación".
"No juguemos con la industria, porque es el futuro de una sociedad", pidió el presidente gallego, quien lamentó que "parece que ahora no importa destruir las empresas más tradicionales, que generan más de 10.000 empleos y que están en el limbo". A juicio de Feijóo, el Gobierno está "castigando" a las electrointensivas "desde el punto de vista del precio de la energía". En la misma línea, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró no ver reacción alguna por parte del Gobierno central para buscar una solución a Alcoa e insistió en que su continuidad a partir del 30 de junio pasa por disponer de un precio competitivo y "junio está muy cerca".
La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz exigió ayer a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que dé "cumplidas respuestas" por la carga policial contra trabajadores de Alcoa en la manifestación del jueves ante el Congreso.
