09 de abril de 2019
09.04.2019

Un informe jurídico de la UDC avala la nacionalización temporal de Alcoa

La adquisición pública de las fábricas es conforme al derecho comunitario según el estudio || La CIG remite el documento al Gobierno y a la Xunta y los insta a intervenir

08.04.2019 | 22:03
Presentación del informe jurídico sobre la nacionalización temporal de Alcoa, ayer en el Rectorado.

Claves

  • Dos vías para comprar. Según el informe, la Administración puede adquirir las plantas “en condiciones de mercado” sin necesidad de autorización de Bruselas o “como ayuda de Estado”, siendo autorizada
  • Estado y comunidad autónoma. El sindicato CIG remitirá el informe jurídico sobre la adquisición pública de Alcoa tanto al Ministerio de Industria como a la Xunta, ya que entiende que ambos puden realizar la operación
  • Ganar tiempo para vender. El objetivo de la “nacionalización temporal” es ganar tiempo para asegurar la actividad de las fábricas. Con la situación actual, no habrá futuro si no hay venta antes del 1 de julio.

La compra de las fábricas de aluminio de Alcoa en venta (A Coruña y Avilés) por parte de los poderes públicos es "plenamente conforme con el ordenamiento constitucional y legal español y con el derecho comunitario". Así lo avala el Informe xurídico sobre a adquisición pública das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés, elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC) Carlos Aymerich por encargo del sindicato CIG y presentado ayer en el Rectorado. El documento defiende que es viable que Estado y Xunta nacionalicen la planta coruñesa de forma temporal para gestionar con más calma la venta a un inversor. La CIG anunció que remitirá el texto al Ministerio de Industria y a la Consellería de Economía para instar a ambos departamentos a intervenir.

Aymerich argumentó ayer que la posibilidad de que la Administración compre ´„total o parcialmente„ las fábricas forma parte del "ejercicio normal de intervención pública en la economía", a través de agentes como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Es posible hacer una nacionalización temporal o transitoria como hace Francia", reiteró el experto y exportavoz parlamentario del BNG. Esta vía permitiría ganar tiempo para blindar la producción de aluminio primario, una actividad considerada "estratégica" y que dentro de España solo se mantiene en San Cibrao (Cervo), tras la parada de la electrólisis en A Coruña y Avilés.

Sin "régimen comunista"

El documento rebate los argumentos del Gobierno, principalmente el del derecho europeo. "¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista", espetó en noviembre la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. A este respecto, Aymerich señaló ayer que lo que propone la CIG „y han propuesto también partidos como Unidas Podemos, BNG y En Marea„ es "lo que se hace en Alemania, en Francia en Italia y en cualquier sitio".

El documento distingue dos fórmulas para la intervención: que el Estado compre la fábrica en "condiciones normales de mercado", esperando un retorno como lo haría cualquier inversor, o que lo haga "como poder público" otorgando una ayuda. En el primer supuesto, España no requeriría autorización previa de la Comisión Europea. En el segundo Europa sí tendría que aprobar la compra, pero "existen precedentes de adquisición por el sector público de activos industriales a través de una operación calificada como de ayuda de Estado y autorizada por la Comisión", recoge el texto.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, acusó ayer a Xunta y Gobierno de "eludir su papel público" respecto a los empleos de Alcoa (375 en A Coruña, a los que se suman 313 de Avilés) al escudarse en que "no era posible nacionalizar". Carril, que recordó que la CIG fue el único sindicato que no firmó el ERE de Alcoa, defendió que el informe "avala la legalidad de esta solución" y llamó a los poderes públicos a "reaccionar".

Julio Moskovich, delegado de la CIG en el comité de empresa de Alcoa en A Coruña, defendió ayer la necesidad de la nacionalización temporal para asegurar el futuro de la fábrica, ahora sujeto a que Alcoa logre la venta antes del 1 de julio. "Tenemos miedo porque, si en dos meses esto no se soluciona, Alcoa se marcha y desguaza las electrólisis. Entonces sí que no hay solución", advirtió Moskovich, quien calificó de "propaganda" la lista de inversores que negocian la compra y urgió la aprobación de un nuevo marco eléctrico industrial competitivo.

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