Las dudas sobre las tasaciones, manifestadas por los peritos cedidos a la causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del Banco Popular, sitúan al expresidente, el gallego Ángel Ron, en el punto de mira de las acusaciones, que sostienen que pudo haber falsedad en las cuentas de la entidad. En su informe, aportado la pasada semana a la Audiencia Nacional, los expertos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández difieren del sistema de tasación de activos inmobiliarios seguido por el Popular hasta finales de 2016, el cual dio lugar a casos de "sobrevaloración" por "la debilidad del control interno". Señalan que la entidad empleó tasaciones realizadas por empresas no registradas ante el regulador, que no seguían los criterios del Ministerio de Economía sobre normas de valoración de inmuebles. En virtud de estos criterios, conocidos como ECO, el tasador debe emitir un amplio informe en el que es posible comprobar las hipótesis en las que descansa el valor, y que no pueden incorporar ni expectativas urbanísticas ni de subida de precios.

Aunque la metodología escogida cumplía con la normativa internacional, el peritaje advierte de que contravenía la "propia política contable del Consejo", que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro. También sostiene que "según los inventarios de activos adjudicados facilitados por el banco, en diciembre de 2015 un 11% de los suelos fueron revisados por empresas no homologadas y en 2016 el porcentaje se elevó al 34%".