Solo 31 de los 106 empleados mayores de 57 años de Alcoa en San Cibrao (el 29%) ha aceptado el plan de bajas incentivadas ofrecido por la multinacional aluminera en el marco del ERE (expediente de regulación de empleo) que afecta a las plantas de A Coruña (con 375 trabajadores) y Avilés (con 313). El escaso éxito de esta medida se traduce en más despidos en las dos plantas en riesgo de cierre en caso de que la pretensión de venta fracase a día 1 de julio. En enero, Alcoa estimó que el ERE pactado daba una solución a más de la mitad de los 688 afectados, concretamente a 355 entre el empleo que se mantendrá en las fundiciones (205 operarios), las prejubilaciones (44 empleados) y las recolocaciones en San Cibrao (hasta 106). Ahora, con el proceso cerrado en la factoría de Cervo (Lugo), la cifra de empleados con una alternativa al paro baja a 280, con lo que los despidos ascenderían a 408 entre A Coruña y Avilés si no hay inversor.

Si la venta de las fábricas de aluminio primario de Alcoa llega a buen puerto de aquí al 30 de junio, las bajas de San Cibrao quedarán sin efecto. Ese es el escenario en el que confía el presidente del comité de empresa de la planta lucense, Xosé Paleo. "Para nosotros sería una alegría que el plan no se llevase a cabo. La venta es buena para A Coruña y Avilés y es buena también para nosotros. Lo fundamental es que se solucione el problema de la energía para poder seguir produciendo aluminio primario", argumenta Paleo. A su juicio, el nivel de aceptación de las bajas incentivadas de Alcoa en San Cibrao, donde trabajan 1.200 personas, ha sido bajo principalmente por la disconformidad de muchos empleados a desvincularse de la empresa y pasar a depender de la aseguradora Mapfre antes de alcanzar la jubilación, sin que la multinacional respondiese ante posibles cambios legislativos en ese tiempo.

El comité de empresa de la aluminera en A Coruña expresó ayer su "gran preocupación y malestar por las pocas vacantes, para recolocaciones de personal de las plantas de Avilés y A Coruña en el caso de no de encontrar un nuevo inversor". En un comunicado, la representación de los trabajadores de la factoría de aluminio de A Grela apela a la "responsabilidad de Alcoa para que se reformule la situación" y "busque las condiciones que correspondan para ofertar tantas plazas para traslados como las que mencionara que se podría generar" (hasta 106, según anunció la empresa en enero).

También la plantilla asturiana manifestó su "profundo malestar por la forma que ha tenido Alcoa de gestionar el proceso de recolocaciones" en la planta lucense, la única que Alcoa prevé mantener en España. El comité de empresa de Alcoa Avilés teme que esta situación se "convierta en más despidos si no aparece un inversor". Según los sindicatos, la mesa de negociación del ERE "siempre" les trasladó por parte de la representación de la empresa "que era un acuerdo tan bueno que los trabajadores de San Ciprián se acogerían al plan social en vez de esperar a su prejubilación". "La gestión de Alcoa conlleva que apenas haya recolocaciones y haya aún más despidos por ello, en caso de no haber inversor a fecha 30 de junio", lamenta el comité de empresa asturiano, que muestra "serias dudas" de que Alcoa haya planteado el proceso "de una forma limpia y transparente y no haya hecho lo suficiente a la hora de fomentar vacantes que permitiesen los traslados".

Alcoa propuso bajas incentivadas en San Cibrao a los trabajadores con 57 años o más al 31 de diciembre de 2018, tanto de la planta de aluminio como la de alúmina. La aluminera ofrecía un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, alcanzara los porcentajes siguientes: de 57 a 59 años, el 74% del salario anual bruto hasta los 64 años; y de 60 hasta 65 años, el 78% del salario anual bruto hasta los 65. La compañía indicó que estas bajas incentivadas "generarían vacantes para empleados de Avilés y Coruña en los mismos grupos funcionales, que se distribuirían de forma equitativa entre las dos plantas".