La manifestación que recorrió ayer A Coruña entre la fábrica de Alcoa y la Delegación del Gobierno estaba prevista de antemano, pero la noticia de que la regulación eléctrica prometida por el Gobierno no verá la luz cargó la protesta de frustración y rabia. "Al final es el Gobierno quien nos va a cerrar", declaraba con tono duro el presidente del comité de empresa de la planta coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, antes de iniciar la protesta, en la plantilla quemó un cartel electoral del PSOE. El Ejecutivo movió ficha para intentar aplacar el malestar: elevará las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones después del 28-A, según anunció la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra. El secretario de Industria, Raúl Blanco, lo reiteró por la tarde en Asturias.
Blanco aseguró que el incremento de las ayudas será aprobado por el Gobierno en funciones en las próximas semanas o por el nuevo Ejecutivo si logra una mayoría suficiente para constituirse rápidamente.
Corbacho tildó el proceso de "estafa" y de "gran mentira", mientras el Ministerio de Industria resta importancia al estatuto y asegura que hay compradores. A juicio del representante de la plantilla coruñesa, el Ejecutivo "prácticamente" les "obligó" a firmar el ERE (expediente de regulación de empleo) en enero, con la promesa de salvar el 100% del empleo (375 puestos en A Coruña y 313 en Avilés) mediante un estatuto de la industria electrointensiva que rebajaría la electricidad a la gran industrial y facilitaría el proceso de venta. El nuevo marco eléctrico no llegó a término, una "muy mala noticia para la ciudad", según lamentó el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, quien acusó al Gobierno de "no estar a la altura". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró más pesimista: "Prácticamente no existe ninguna posibilidad" de que Alcoa pueda mantener el "cien por cien de la plantilla", afirmó en Lugo. También en San Cibrao (Cervo) „la única planta de Alcoa que se libra del ERE„ los trabajadores de la aluminera se manifestaron, convocados por la CIG. Los principales partidos políticos se pronunciaron ayer en contra del cierre de las fábricas de A Coruña y Avilés, que hasta 1998 pertenecían a la empresa pública Inespal. En la manifestación de A Coruña volvió a sonar la llamada a la actuación gubernamental si fracasa la venta: " a solución, unha intervención".
"Goberne quen goberne o aluminio se defende", corearon los manifestantes, que partieron a las seis de la tarde de la factoría coruñesa. Eran menos que en protestas anteriores: 210 según la Policía Local. Los petardos, las bengalas, y los habituales carteles de peche non se repitieron a lo largo de la marcha, que subió de intensidad al llegar a la plaza de Ourense. Allí, ante la Delegación del Gobierno, ardió un cartel del PSOE y los trabajadores escenificaron una votación electoral con folios a modo de papeletas en los que se leían mensajes como "voto por un Gobierno que no engañe" o "voto por acabar por la estafa eléctrica".
Los trabajadores quisieron dejar claro que luchará para evitar el cierre, para lo que prospere la venta privada o se recurra a la intervención pública. Siete compradores potenciales han pasado el segundo filtro de la multinacional americana y preparan ahora sus ofertas no vinculantes por las plantas. Pero el inversor solo dará el paso de formalizar la compra si le dan los números y es ahí donde la plantilla insiste en una consigna que repite desde 2014: "energía, solución". Ese año se activaron las subastas de primas eléctricas, con las que las grandes consumidoras de luz (Alcoa, Ferroatlántica, Celsa, Megasa o Arcelor) moderan su factura, actualmente a seis meses vista. La amenaza de cierre de hace cinco años se quedó en amago, una vez que el Gobierno satisfizo la exigencia de la empresa de incrementar las ayudas tras su pobre en la puja. Esta vez, en la clausura anunciada en octubre, la multinacional aluminera no ha dado opción y se irá sí o sí según está firmado en el ERE. La producción de aluminio primario „paralizada desde febrero„ y el empleo solo se salvarán si otro agente se hace cargo de las fábricas de A Coruña y Avilés a 30 de junio.
Frente al enfado de la plantilla coruñesa, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se mostró "bastante satisfecho" con el compromiso del Gobierno, que el próximo 6 de mayo les comunicará la fecha concreta de aprobación de la ayuda o bien firmará un compromiso para hacerlo en el futuro, según prometió Blanco.
