El tejido industrial coruñés tiene por delante 56 días clave para definir su futuro y contener un desgaste que ha relegado al sector secundario a un escaso 9,5% de la economía de la comarca, excesivamente dependiente de los servicios (83,1% del valor añadido bruto). Las crisis laborales abiertas en Alcoa, Ferroatlántica e Isowat agravan esa tendencia, frente a la pretensión de la Xunta de que la industria alcance un peso económico del 20%, como recomienda la Unión Europea. Las tres empresas tienen expedientes de regulación de empleo (ERE) firmados „de distinto alcance„ que afectan en suma a unos 900 trabajadores de plantilla, a los que hay que sumar empresas externas y otro empleo indirecto.
Primera reunión de Alcoa con el Gobierno tras el 28-A. El Ministerio de Industria acoge mañana una nueva reunión de seguimiento de la crisis de Alcoa, la primera tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. La Xunta, el Principado, la empresa y los representantes de los 700 trabajadores (400 de A Coruña y 300 de Avilés) afectados por el ERE se volverán a ver las caras con el Gobierno „en funciones„ de Pedro Sánchez después de que este incumpliera su promesa de aprobar el estatuto de la industria electrointensiva el pasado día 26, lo que levantó duras críticas de sindicatos y administración autonómica. El tiempo juega en contra de la plantilla aluminera, que acusa al Ejecutivo central de haberla empujado en enero a firmar un despido colectivo en diferido (aplazado al 1 de julio) con el compromiso de generar las circunstancias para que las dos fábricas de aluminio que Alcoa quiere cerrar (A Coruña y Avilés) pasen a manos de otro grupo empresarial que mantenga la actividad y el cien por cien del empleo actual.
El 30 de junio, fecha límite para vender la aluminera de A Grela. El documento firmado por la multinacional y los comités de empresa coruñés y asturiano establece el 30 de junio como fecha límite para vender las plantas. De lo contrario, al día siguiente comenzará a aplicarse el ERE y solo mantendrán su puesto de trabajo los operarios de las funciones y la torre de pasta (114 en A Coruña y 91 en Avilés). El resto se repartirían entre prejubilaciones a partir de 53 años (36 personas en A Coruña y ocho en Avilés), recolocaciones en la planta de San Cibrao (hasta un máximo de 37 a distribuir entre las dos plantillas) y despidos que, si Alcoa no abre otra vía para recolocar a más empleados, ascenderían a 402, el 58% del cuadro de personal de ambas factorías.
En la reunión de mañana, los trabajadores pedirán explicaciones al Gobierno sobre la regulación de la energía para la gran industria. El estatuto electrointensivo está llamado a blindar la venta de Alcoa a través de medidas que abaraten y estabilicen los precios de la electricidad para las empresas que más la necesitan para producir (Alcoa dedica el 40% de sus costes de producción a pagar la factura de la luz). El otro punto clave es el avance en las negociaciones de la multinacional con los potenciales compradores, que han sido filtrados previamente por el Gobierno. Según las últimas informaciones a las que ha tenido acceso el comité de empresa coruñés, siete firmas continúan adelante en el proceso y han firmado acuerdos con Alcoa para presentar sus ofertas de compra no vinculantes, que tanto pueden ser por ambas factorías como por alguna de las dos.
Si el comprador tiene intención de continuar con la misma actividad y recuperar, por tanto, la producción de aluminio primario que Alcoa cesó en febrero, la multinacional estadounidense le ingresará 20 millones de euros por planta para reactivar las cubas electrolíticas a condición de que "el inverso adquiriera la titularidad de las entidades legales o se subrogara en la totalidad de las relaciones laborales", expone el ERE. De este modo se mantendría el empleo actual. El ERE también da margen a que las instalaciones se vendan para otra actividad, en cuyo caso Alcoa se ahorraría los 40 millones. La otra vía que apunta la plantilla para salvarse es la intervención pública.
Isowat, en ERTE hasta el 10 de junio, busca salir del juzgado. Los 72 trabajadores de la planta de diseño y producción de componentes eléctricos de Isowat Made en A Coruña están temporalmente en paro, en aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de tres meses que finaliza el 10 de junio. Sus posibilidades de volver al trabajo en A Grela después de esa fecha pasan por la venta del centro a un inversor que esté dispuesto a continuar con una actividad que consideran rentable. Así ha sucedido con la otra unidad productiva de esta filial del grupo gallego Invertaresa, la de Medina del Campo, que logró comprador en la subasta previa a su liquidación. El centro de A Coruña, en cambio, no recibió ninguna oferta válida en la puja y ahora el administrador concursal ha pedido un periodo de gracia a la jueza de Mercantil 2 de A Coruña „encargada del concurso de acreedores en el que Isowat entró hace un año con una deuda de cien millones„ como último intento de salvar el empleo. Según la información que maneja el comité de empresa hay dos inversores interesados (la ferrolana Detegasa y otro que prefiere mantener el anonimato) que podría concretar ofertas la próxima semana.
Ferroatlántica, pendiente de la subasta de primas eléctricas. Los 400 trabajadores de Ferroatlántica en A Coruña (un centenar en Sabón y alrededor de 300 en la planta de Cee-Dumbría) están afectados por el ERTE de dos años que la firma del grupo Villar Mir aprobó en febrero, pero por el momento se han librado de sus efectos. La compañía ha reducido la actividad (varios hornos están parados), pero solo ha prescindido de los trabajadores de las empresas auxiliares. El comité de empresa de Sabón valora las ayudas de 200 millones de euros anunciadas por el Gobierno para las electrointensivas (por compensación de costes de CO2) y tiene esperanza de evitar el ajuste laboral si la próxima subasta de interrumpibilidad (primas eléctricas para la gran industria), prevista para junio, es favorable. El ERTE se desencadenó tras el pobre resultado de la puja celebrada en diciembre.
