Todos quieren la AP-9. El debate en la contienda política alrededor de la principal carretera de Galicia se centra en la transferencia a la Xunta de su titularidad, en manos del Ministerio de Fomento en estos momentos. En el ruedo económico queda pendiente saber quién tiene el transcendental derecho a su explotación, si la alianza formada por Corsair y el fondo holandés APG „con el 60% del capital tras la compra judicializada de su parte a Sacyr„ o Globlavia, que controla el 40% restante por la adquisición de los paquetes de Abanca y Kutxabank. No es de extrañar que todo sean líos. La Autopista del Atlántico es uno de los negocios más suculentos del sector de las infraestructuras de pago en España. Ya lo era para Itínere, el grupo que lleva la concesión, y lo es más desde este año por el positivo comportamiento de la facturación „gracias tanto al aumento del tráfico como de las dos subidas del peaje, una extraordinaria para compensar las obras de ampliación en Rande y sus accesos„ y la pérdida de la otra gran concesión que alimentaba los resultados, a los que la AP-9 aporta ya alrededor de un 65% del total.

Itínere no desveló todavía las cuentas del pasado año. En las de 2017 queda claro una vez más que la AP-9 es la gran joya de la corona para su caja. De los 274,6 millones de euros de la cifra de negocio, los usuarios de la autopista entre Ferrol y Tui aportaron el 51%, más de 140,7 millones de euros. Audasa sí hizo público su informe de 2018, con un incremento del 2,4% los ingresos por peaje, hasta los 144,1 millones de euros, la mayor cantidad de los últimos siete años. Sus responsables dan por hecho que seguirá la tendencia al alza, apoyándose, entre otras razones, en que las previsiones de crecimiento económico en Galicia "se sitúan en un rango superior" al del conjunto del Estado. El tráfico en enero de este 2019 aumentó un 1,7%.

La Autopista del Atlántico gana cuota en la facturación de Itínere por su propia evolución y porque la segunda pata del negocio, la AP-1 de Burgos a Armiñón, es pasado para la sociedad. La concesión „que suponía una cuarta parte de los ingresos, unos 69 millones den 2017„ finalizó en noviembre y la explotación revirtió al Estado.

La tercera concesión en volumen de actividad para Itínere flojea. Aucalsa, encargada de la autopista que va de Castilla y León a Campomanes (Asturias), representaba algo más del 14% de la cifra de negocios. En este caso, sin embargo, el grupo insiste mucho en el impacto de la desaceleración, "especialmente de las economías regionales en el entorno de la autopista", donde también se nota "una menor aportación del turismo". El importe de los peajes en 2018 ascendió a 39,6 millones de euros tras un aumento de solo el 0,9%.

Itínere controla además Autoestradas de Galicia, que suma las vías de pago Vigo-Baiona (AG-57) y A Coruña-Carballo (AG-55). Pese a que la compañía informa en su web de un incremento sustancial en la circulación, del 3,5% y casi el 4%, respectivamente, durante 2018, la relevancia en las cuentas es muchísimo menor (14,4 millones en 2017). Otros 10 millones vienen de Gebisa, que opera la AP-8 en el País Vasco