Entre el concello ourensano de Verín y el portugués de Chaves median dos números: 25 y 105.675. El primero son los kilómetros que separan ambos municipios por carretera; el segundo, los euros que se ahorraría una empresa de optar por la opción lusa para asentarse en un terreno de idéntica superficie, con 3.300 metros cuadrados. En Verín el metro se paga en este caso a 33 euros, y es muy barato en comparación con los 130 que promedian en Mos; en la Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega, asentada junto a la autopista A24, el terreno se paga a euro. No hay una cámara o fegresía lusa que se haya quedado al margen de una ofensiva que se traduce, solo en el norte del país, en una megaoferta de al menos tres millones de metros cuadrados, exenciones fiscales y salarios de 900 euros. Empresarios y sindicatos gallegos exigen un plan de choque de ámbito estatal para abortar nuevas amenazas de deslocalización por parte de la industria al otro lado de la raia.

Solo en el mes de mayo, este país captó una inversión de 21 millones de firmas gallegas. "No hay una salida fácil, pero necesitamos un plan de choque, un acuerdo de Estado que implique a todas las administraciones para proteger y reforzar la actividad industrial", expone el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, la patronal gallega más afectada. En esa hoja de ruta deben figurar, a juicio de las fuentes consultadas, un abaratamiento del precio del suelo, costes energéticos competitivos y menos burocracia. "Aquí la ventanilla única parece un término viejo, pero nunca fue una realidad. Portugal le dedicó un ministerio exclusivo porque entendió que la burocracia es un problema", resume el secretario xeral de CCOO Galicia, Ramón Sarmiento. "Podemos citar casos de inversiones gallegas de gran relieve que han tenido que esperar más de un mes y medio para que le diesen suministro eléctrico. Sencillamente impresentable", dice el secretario general y portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón.

Cebreiros coincide con el líder sindical en que los lusos utilizan una práctica prohibida en España: venta de suelo por debajo de coste. "Habría que cambiar la ley para permitirlo", considera.