El portavoz del comité de empresa de la fábrica de Ferroatlántica en Brens (Cee), Alfonso Mouzo (CIG), tachó ayer de "tomadura de pelo" el anuncio de venta e instó a la Xunta a bloquear la operación, que calificó de "fraudulenta". A su juicio, se trata de "una segregación encubierta" de las centrales hidroeléctricas del Xallas, las mismas que hace dos años el Grupo Villar Mir quiso vender a un grupo canadiense pero no pudo porque entonces el Gobierno gallego le negó la autorización al tratarse de concesiones públicas ligadas a la actividad de la factoría (una decisión recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza). La Consellería de Industria avanzó ayer que hará cumplir "taxativamente" las concesiones. Entre los trabajadores de la factoría y las centrales hay división de criterio sobre la conveniencia de pasar a ser propiedad de TPG Sixth Street Partners.
Mouzo considera que dejar la factoría en manos de "un fondo buitre americano" a modo de "subcontrata" de Ferroglobe „la multinacional se compromete de ser proveedor y cliente único de la planta„ sería "la ruina para la comarca". El delegado de la CIG (sindicato mayoritario en el comité de empresa de Brens) desconfía de los planes de futuro del TPG y denuncia que Villar Mir pretende sacrificar el tejido industrial en A Costa da Morte para "pagar la fiesta de todo el grupo", en referencia al endeudamiento de la sociedad.
"Especular con la energía" es el objetivo de la operación, según Mouzo, quien criticó que ayer Ferroglobe tratara de "chantajear" al comité pidiéndole su apoyo a la venta con el argumento de que si no se logra "la fábrica puede quedar en manos de los bancos en el mes de julio".
División de criterio sindical
La postura del sindicato mayoritario del comité (la CIG tiene 6 miembros, frente a los 4 de la CGT y 3 independientes) no cuenta con el respaldo unánime de los representantes de los trabajadores, que mañana debatirán el asunto en asamblea. El portavoz de CGT Juan Villar calificó de "muy positivo" el compromiso del comprador del centro, que "asume todas las condiciones y cláusulas que rigen las concesiones". "Queda garantizada la viabilidad de las fábricas, de forma que desde el punto de vista legal creo que no hay nada que objetar", argumentó Villar.
En un punto intermedio, el presidente del comité, Santiago Paz, señaló que, durante la reunión celebrada ayer con la empresa, los trabajadores comunicaron que el acuerdo era "insuficiente" y que corresponde a la Xunta evaluar si la operación "requiere garantías" para asegurar el cumplimiento de las condiciones de las concesiones.
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, matizó ayer que la Xunta todavía desconoce "el alcance exacto" de la operación, pero insistió en que exigirá que se cumplan las condiciones de las concesiones hidráulicas y velará por que se mantengan el empleo y la actividad industrial "independientemente de quien sea el titular de las acciones". Conde esperará a tener "comunicación formal"para "establecer las actuaciones que se tienen que promover".
