Cerca de mil personas „convocadas por los comités de empresa de Alcoa A Coruña y San Cibrao, Ferroatlántica de Cee-Dumbría y Sabón, y Celsa Atlantic„, reivindicaron ayer en la ciudad coruñesa que el Gobierno central regule un precio de la energía para las compañías de gran consumo con el objetivo de ser "competitivas" en Europa. La demanda compartida por los trabajadores participantes, todos radicados en factorías de A Coruña salvo los de Alcoa San Cibrao, resulta "urgente" para la aluminera de A Grela. La planta está abocada a la venta antes del 1 de julio para evitar el cierre y salvar el empleo de casi 400 trabajadores. De hecho, tanto el fondo suizo Parter „el único que presentó una oferta vinculante por las factorías coruñesa y asturiana„, como el alemán Quantum „que puja por Avilés pero aún no ha descartado A Coruña„, ya han avisado: "La inversión en Alcoa está condicionada por el precio de la energía".
Pero ayer fue el presidente del comité de empresa de Alcoa A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, quien dio un aviso a los Ejecutivos central y autonómico acerca de su implicación en el proceso de venta. "No apoyaremos un proceso a corto plazo y sin las máximas garantías, y son el Estado y la Xunta quienes deben darlas", afirmó Corbacho antes de que arrancase la marcha. "No vale cualquier proyecto que no venga avalado y reforzado por las administraciones, no nos la vamos a jugar", añadió. "Si no, nos van a tener en contra", advirtió.
Corbacho aseguró que la "condición máxima" para garantizar el futuro de la compañía coruñesa y la de Avilés, al igual que para las demás empresas que convocaron la protesta, pasa por "la regulación del precio de la energía", con la aprobación del estatuto de consumidores electrointensivos. "El Gobierno tiene el compromiso con los inversores de regular el precio y vamos a seguir exigiendo esa regulación el tiempo que haga falta, vamos a ser vigilantes, hay demasiados compromisos como para que se pongan ahora de perfil", comentó.
Desde la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), el presidente de comité, José Paleo Rodríguez, se mostró muy crítico con el Gobierno. Paleo subrayó que, hasta el momento, "solo hay palos en las ruedas", porque en vez de disponer de un estatuto que permita "competir" con Francia o Alemania solo "hay una subasta de interrumpibilidad para quince días que es peor que la anterior" y que "ya ponía a las fábricas de aluminio ante la tesitura de cerrar".
Una reclamación a la que se sumaron los trabajadores de la compañía Celsa Atlantic de A Laracha. El presidente del comité, Agustín Méndez, señaló que el coste de la energía lleva a la planta a "pérdidas" y pone en riesgo sus cerca de 150 empleos. "Alemania, Francia o el resto de Europa tienen precios de la energía más competitivos", precisó.
Por su parte, Santiago Paz, presidente del Comité de Ferroaltántica de Cee-Dumbría, recordó que ya se reclamaba el estatuto electrointensivo en 2012 porque "nuestra energía es más cara que la de Francia, Sudáfrica o Sudamérica, aquí el megawatio está a 56 euros y en Francia a 28". Paz acusó al Gobierno de "tomarnos el pelo" antes de las elecciones y no haber dado todavía respuestas.
A la manifestación se sumaron líderes políticos de distintos partidos, entre ellos, la diputada del PP, Tristana Moraleja, para la que el Gobierno "no se puede poner de perfil" porque "el empleo está en juego", "no hay más tiempo y no están haciendo nada".
La diputada de Ciudadanos, Marta Rivera, recordó que el 30 de junio tiene que haber soluciones "sobre la mesa" para Alcoa y pidió al Gobierno que, aunque esté "en funciones", "se ponga en marcha" en cuestiones "importantes" como las que afectan a las empresas electrointensivas.
Desde En Marea, su portavoz, Luís Villares, exigió al Ejecutivo socialista una regulación del sector eléctrico que acabe con la "especulación", además de un plan de inversiones y garantías de empleo. A la Xunta le reclamó que "actúe" y no se limite a "mirar", como con "Ferroatlántica en A Costa da Morte" y exija "el cumplimiento estricto de la concesión" por los saltos del Xallas.
En la manifestación también participó la diputada de Galicia En Común, Yolanda Díaz, para quien "es evidente que el Gobierno del PSOE no quiere abordar un marco energético estable para la industria", porque tendrían "que enfrentarse a quien manda, las cinco grandes eléctricas". Por ello, urgió respuestas al presidente Pedro Sánchez porque "el 10 de junio puede caer Isowat y el 30 Alcoa e incluso Ferroatlántica o Celsa Atlantic".
Para el diputado del BNG en el Parlamento gallego, Xosé Luís Rivas Cruz, es preciso evitar "que las empresas que trafican con la energía sigan mandando en la política del Estado y la gallega". Rivas advirtió del peligro de la destrucción de la industria en Galicia y del predominio de una economía basada en los servicios.
La movilización, en la que también participaron los trabajadores de Isowat, discurrió a mediodía entre la plaza de la Palloza y la sede de la Delegación del Gobierno. Entre sonidos de petardos, los trabajadores corearon lemas como Enerxía solución, Sen industria non hai futuro, Queremos traballar e non emigrar o ¿Dónde está el estatuto?, y otros dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el delegado en Galicia, Javier Losada.
La protesta finalizó con un manifiesto leído por el actor Santiago Fernández en el que se señaló que el Estado y la Xunta "tienen la obligación ética y política de participar como inversores en el proceso, garantizando así la transición hasta alcanzar un precio competitivo".
