La suerte está echada para los 375 trabajadores de Alcoa en A Coruña y 313 en Avilés. Como adelantó LA OPINIÓN, la multinacional aluminera estadounidense ultima la venta de las dos fábricas al fondo de inversión suizo Parter Capital. La compañía se lo comunicó a los comités de empresa el viernes y les ha dado una semana para trasladar su conformidad. Entre los trabajadores reina la desconfianza porque hasta ahora el inversor no ha puesto un plan industrial sólido sobre la mesa, ni garantiza reanudar la producción de aluminio (que vincula al precio de la energía), por lo que temen un hachazo laboral más duro pasados los dos años que Parter se compromete a mantener el empleo. El desenlace llegará antes del 1 de julio: o la planta pasa a manos del fondo o Alcoa ejecutará el despido colectivo pactado en enero.
El Ejecutivo central, que adoptó un papel de mediador en el conflicto, con Xunta y Principado como colaboradores, manifiesta su conformidad con la solución. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se mostró ayer "satisfecho" ante el avance de las negociaciones de venta. "El partido aún no ha terminado, pero parece que el resultado va a ser el que queríamos: actividad industrial, empleo y seguridad para quienes vayan a hacer la inversión", aseveró el delegado.
La compañía y el Gobierno pasan la pelota a los trabajadores. "Vamos a ver ahora lo que dicen los sindicatos, pero creo que estamos cumpliendo el compromiso: que es encontrar un socio industrial, un socio inversor que mantenga la actividad industrial tanto en Avilés como en A Coruña, que mantenga los trabajadores y mantenga una actividad industrial", resumió Losada.
Asamblea de trabajadores
Alcoa ha pedido a los trabajadores su visto bueno para cerrar la venta, aunque la decisión de la plantilla en ningún momento es vinculante. El comité de empresa coruñés ha convocado una asamblea en A Grela mañana a mediodía. El comité asturiano, que está manteniendo una postura abiertamente más crítica con Parter, la celebró ayer. "Esta opción no es la que esperábamos. No vemos garantías de que en dos años haya empleo para toda la plantilla", lamentó el presidente representante de la plantilla avilesina, Manuel Gómez de la Uz.
Desde el inicio del proceso de venta, en enero, los trabajadores se posicionaron a favor de pasar a manos de un grupo industrial y recelaron de la opción de un fondo de inversión que "venga a especular". Pero empresas del sector como Liberty House, Cunext o BCT Metals quedaron por el camino y Parter Capital es ahora la única salida. Si fracasa la operación, a partir del 1 de julio 361 trabajadores de la fábrica de A Grela perderán su puesto de trabajo. En ese caso, Alcoa mantendría solamente „y por un tiempo sin determinar„ la función y la torre de pastas, con 114 empleos. Los demás estarían obligados a prejubilarse a partir de 53 años (es el caso de 36 personas en la planta coruñesa), trasladarse a la factoría de San Cibrao (por el momento solo habría 37 vacantes a repartir entre A Coruña y Avilés) o coger la carta de despido. La indemnización pactada en el ERE (expediente de regulación de empleo) asciende a 60 días de salario por año trabajado sin límite de anualidades más 10.000 euros brutos, además de un plan de recolocación y autoempleo externo a cargo de Lee Hecth Harrison.
La falta de garantías de empleo a partir del verano de 2021 hace temer a la plantilla por su futuro. "Si no rearrancan la electrólisis pasados dos años nos pueden despedir con las condiciones de la reforma laboral. Los fondos en cuanto ven cuatro duros no tienen ni padre ni madre, te dejan tirado en la cuneta y no hay más", augura un trabajador. La indemnización mínima legal por despido en un ERE es de 20 días por año trabajado (un tercio de lo pactado por Alcoa) con un máximo de 12 mensualidades (frente a la ausencia de tope firmada en el acuerdo).
