Hay una nueva voz que se suma al debate sobre la idoneidad de impulsar en España una renta básica para rescatar a una parte de la población a la que no le está llegando la tan manida recuperación de la economía. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone una prestación mínima estatal compatible con el empleo para 1,8 millones de hogares que permitiría reducir hasta un 60,4% la pobreza severa, que en Galicia afecta a unos 51.000 hogares, según los datos de 2017 divulgados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La sugerencia del organismo surge a partir del análisis de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, en febrero de 2017 y a propuesta de UGT y CCOO, tomó en consideración el Parlamento de España para establecer una prestación de ingresos mínimos. Las medidas de los sindicatos tendrían, según la AIReF, un "elevado coste" fiscal „más de 7.000 millones de euros„ en relación con la reducción de pobreza severa que sería del 27,6% y con el número de hogares a los que alcanzaría (1,1 millones). Por el contrario, el coste fiscal de la alternativa de la entidad presidida por José Luis Escrivá serían unos 1.500 millones de euros menos, a lo que hay que añadir un ahorro de en torno a 2.000 millones por la supresión de duplicidades. Además, presenta mejores resultados en términos de reducción de la pobreza severa, con esa bajada superior al 60%.

El sistema debería introducirse de manera gradual a lo largo de tres años, lo que supondría anualmente una décima más de déficit estructural, "cuya compensación con otras medidas resulta factible". Para el acceso a esta prestación, la AIReF propone establecer como requisito principal la renta del hogar, marcando tramos de renta, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, plantea hacer el pago compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral. "Se eliminaría el requisito de inscripción como desempleado y se permitiría la compatibilidad de la prestación con el empleo, actuando así como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente", subraya.

La renta mínima, que se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, "podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales", señala el informe, que recoge la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude. La AIReF plantea dos opciones, con distintos tramos de renta. En la primera propuesta se recibiría una prestación del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y un complemento por hijo a cargo (con un máximo de tres hijos) de 1.200 euros al año. En la segunda, la ayuda sería desde el 10% hasta el 80% del IPREM, a lo que se añade un complemento por hijo de hasta 1.680 euros anuales. Para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), resulta "urgente dotar de ingresos a los casi 600.000 hogares que actualmente carecen de ellos". Por ello, considera que esta propuesta "en principio, parece ir en la dirección correcta".