El cierre de la venta de las fábricas de aluminio de Alcoa de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter pende de una última firma: la de los representantes de los trabajadores, a quienes la multinacional pide que avalen la operación. Los comités de empresa están de acuerdo en pasar a manos del inversor helvético y librarse así del ERE (expediente de regulación de empleo), pero rechazan responsabilizarse del acuerdo. Empresa y trabajadores se reunieron ayer en Madrid para buscar un texto de consenso que ponga fin al largo conflicto. El encuentro, con representación del Ministerio de Industria, finalizó pasadas las 23.00 horas sin que las partes llegasen a un acuerdo, emplazándose para hoy. Alcoa no quiso confirmar ni desmentir que haya suscrito ya el acuerdo final con Parter, que según fuentes sindicales anunció en el encuentro de ayer, tal como había anticipado el Ministerio de Industria.
Los representantes sindicales de Alcoa, en especial los de Avilés -más beligerantes en los últimos días- ya habían anunciado antes de la reunión su negativa a ratificar el acuerdo de compraventa como exigía la empresa, al entender que no pueden avalar un proceso en el que no han tomado parte. Que "no se les ocurra" involucrar a la parte social "en nada", advertía el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. Los trabajadores insisten en no querer avalar el acuerdo porque no han participado de su confección, pero, sobre todo, porque de avalarlo se quedarían sin armas legales para enfrentarse a un eventual fracaso del proyecto de los suizos. "Si lo intentan para que luego no haya posibles denuncias, que se olviden", recalcó el representante sindical.
Alcoa y Parter se dieron de plazo hasta el 31 de julio para subsanar los problemas de tipo financiero que el pasado viernes llevaron a la multinacional americana a amagar con frustrar la operación. Después de que Alcoa paralizara temporalmente la venta -el sábado- al considerar que el comprador no cumplía con las garantías financieras requeridas, exigió a Parter más liquidez, que supondría unos 26,7 millones de euros (30 millones de dólares).
Parter garantiza durante dos años la continuidad de la plantilla actual (375 trabajadores directos en A Coruña y 313 en Avilés), salvo los operarios que quieran acogerse al plan de bajas voluntarias. A partir de verano de 2021 el empleo dependerá de si se arrancan o no las electrólisis (si el precio del megavatio-hora baja de 40 euros) y de la rentabilidad de las fundiciones, pero calculan unos 250 trabajadores por planta.
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, insistió ayer en pedir al Gobierno central que establezca un "escenario de certeza" sobre el precio eléctrico para que Parter pueda sostener la producción de aluminio en las factorías de Alcoa de A Coruña y Avilés.
Conde celebró ayer por la mañana que el acercamiento alcanzado por las partes da "una nueva oportunidad" para culminar con éxito el proceso de compraventa, y al Gobierno, para cumplir su "compromiso" sobre el precio eléctrico. El conselleiro aspira a que de aquí al 31 de julio (plazo que Alcoa ha dado a Parter para ingresar el aval de la venta) la administración central pueda aclarar al fondo inversor "cuáles son las condiciones que se puede encontrar en el futuro", toda vez que el precio eléctrico es "el que puede garantizar realmente que se pueda mantener el empleo más allá de dos años". Esos 24 meses es el tiempo al que se ha comprometido Parter para mantener todos los puestos de trabajo y la actividad de fundición, enfatizó Conde. Y ese, abundó el responsable autonómico de Industria, "era el objetivo de partida, el 15 de enero", cuando "Alcoa se comprometió a vender y el Gobierno, a establecer este precio eléctrico".
